La maldición azul pitufo
Francisco Pomares
Lo que ocurre en el polígono de Güímar sigue siendo uno de los misterios más insondables de Tenerife. Es propiedad teórica de los tres municipios del Valle en distintas proporciones: Arafo aportó para su creación en 1972 más de la mitad del terreno, Güímar cerca del 30 por ciento, y Candelaria casi un 18 por ciento. En 2013, al cumplirse los cuarenta años de existencia del polígono, la Asociación Mixta de Compensación, creada para gestionarlo, e integrada por el Cabildo, las empresas allí instaladas, el Sepe Nacional y Caixa, que heredó la inversión realizada en su momento por CajaCanarias, transfirió la gestión a los Ayuntamientos. Los tres municipios recibieron un millón de euros cada uno, tres naves en propiedad y el dominio compartido sobre el que es probablemente el primer activo del polígono, el pozo de Chiguengue, que vende su agua a las industrias allí instaladas, y a los propios ayuntamientos. Como contrapartida, los municipios asumieron el compromiso de constituir una entidad para la conservación y mantenimiento de la zona.
A día de hoy, esa entidad no existe, y las cosas no ha hecho sino empeorar: la situación del polígono, a pesar de inversiones que se acercan a los diez millones de euros, es de total abandono: los jardines están completamente secos, la mitad de las palmeras muertas, hay gravísimas deficiencias en el servicio de recogida de basura, los accesos padecen una situación de colapso recurrente, y el vertido incontrolado de aguas industriales al mar duró años, y mantiene aún hoy imputados hasta a cuatro alcaldes. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Güímar, ha señalado que la responsabilidad por los vertidos ilegales corresponde a los ex alcaldes de Arafo, José Juan Lemes, la ex alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, y a José Gumersindo García y Mari Brito, regidores de Candelaria, a quienes se ha imputado como responsables de prevaricación y delito continuado contra el medio ambiente. Ese procedimiento, y la intervención europea, lograron al menos acelerar la reciente puesta en marcha de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales, que debería resolver la depuración de los vertidos del polígono. Sin embargo, la otra depuradora de la zona, la Urbana, instalada por encima de la autopista, sigue sin poder utilizarse porque no le llegan las aguas residuales de los tres municipios. Otro desastre, que -aunque no sea responsabilidad del polígono-, demuestra la sucesión de desafueros que se han producido en el valle, por la desidia de todas las instancias implicadas.
Lo peor es que nadie sabe hoy a ciencia cierta quién diablos manda allí. Las acusaciones cruzadas por el abandono de las instalaciones llegaron a provocar en 2015 que la entonces alcaldesa de Güímar pintara sobre las aceras y el asfalto del polígono una línea fronteriza color azul pitufo –el color del PP, partido de la alcaldesa- para delimitar su responsabilidad. Fue pintura gastada en balde, porque tampoco desde Güímar se hizo nada para mejorar la situación de una infraestructura vital para el sector industrial tinerfeño, con más de doscientas empresas instaladas, y en la que ya existen cuatro grandes superficies comerciales.
Sin duda, lo de delimitar la frontera de Güímar fue una estupidez, pero permitió hacer patente la incapacidad para resolver la situación. Diez años después de haber sido recibido por los ayuntamientos, el Polígono se mantiene en el abandono, y no se ha constituido aún la instancia de coordinación y gestión entre municipios, ni va a crearse, por oposición de las administraciones municipales. Finalmente, el Cabildo optó por proponer un formato de consorcio –aceptado a regañadientes por los municipios- e integrado por las cuatro corporaciones y los empresarios, aunque estos carecerán de voto. El consorcio aún tiene que ser aprobado, pero la Asociación de Compensación, a pesar de la oposición municipal, ha sido disuelta por mandato judicial. Es cierto que quedan aún pendientes de resolver algunos flecos, como la situación irregular de varias viviendas en cuevas de la Playa de Lima, y –sobretodo- hay que materializar legalmente el traspaso del pozo de Chiguengue, actualmente gestionado de forma privada por una empresa, cuando desde 2013 fue transferido a los tres municipios. La empresa propietaria del pozo, que vende agua a los propios ayuntamientos, además de surtir a todas las empresas del polígono, se ampara en que no se ha creado el organismo de gestión establecido en la cesión realizada por la disuelta Asociación de Compensación en 2013, y se niega a devolver la gestión y uso de una instalación que genera millones en facturación sin control de los municipios, y que vende agua a cualquiera que se lo pide. Se trata de un agua absolutamente imprescindible para el funcionamiento de las empresas del polígono, y muy valiosa para los ayuntamientos, que reclaman recuperar su pozo.
