La ley del desastre
Francisco Pomares
El Congreso aprobó ayer, apenas unas horas antes de que el reloj marcara el inicio del Día Internacional de la Mujer, discutir la iniciativa presentada por el PSOE (en solitario), para modificar la ley del sólo sí es sí y reducir los efectos indeseados –según la terminología adoptada por la parte socialista del Gobierno- de la ley más conflictiva aprobada en lo que va de legislatura. Fue votada en agosto pasado, pero entró en vigor el siete de septiembre, y en estos pocos meses ha provocado que más de 700 delincuentes sexuales vean reducidas sus condenas, y parte de ellos estén ya libres en las calles.
Lo peor es que el Gobierno estaba advertido de que eso exactamente –reducciones de condena y excarcelaciones- era lo que iba a ocurrir si se aprobaba la ley Montero. Fue advertido por las instancias consultivas, los jueces, y la oposición política, pero el Gobierno prefirió ignorar las advertencias, desde el convencimiento de que era más importante preservar su frágil unidad interna.
Cuando empezó el inevitable goteo de reducción de condenas y excarcelaciones, y creció el rechazo social y el desprestigio de la ley y de quienes la hicieron, el PSOE acabó comprendiendo que mantener la ley tal y como había sido aprobada –esa fue la primera intención- tendría graves repercusiones electorales. Sánchez optó entonces por imponer un cambio de criterio a los suyos, que hasta la decisión del presidente guardaban la ropa mientras se mojaban en apoyo de sus socios. El resto es historia también conocida. El desencuentro en un Gobierno muy tensionado y dividido, en el que ya no se cuenta con la capacidad de Iglesias para muñir acuerdos imposibles, ha sido de tal envergadura que ha dejado abiertas heridas difícilmente sanables. Los socialistas presentaron su propuesta sin lograr la más mínima concesión de las ministras Belarra y Montero, y consiguieron ayer aprobar la toma en consideración de su reforma legal gracias al apoyo de la derecha (Vox incluida) y poniéndose enfrente de Podemos y de otros socios fundamentales del pacto que sostiene a Sánchez desde la censura a Rajoy. Resumiendo, el Gobierno está hoy roto. Dividido en dos facciones, una partidaria de la ley actual, y otra que considera inevitable volver al catálogo de penas de antes. Y así van a aguantar –enfrentados- hasta el final de la legislatura, escenificando crecientes desencuentros y conflictos, que es precisamente lo que a ambos partidos –PSOE y Podemos- les conviene vender a sus electores.
El debate de ayer, a cara de perro, se produjo con sólo dos ministras, las podemitas, en los bancos azules. El resto del Gobierno, Yolanda Díaz la primera, optaron por hacer mutis por el foro, dejando que el PSOE defendiera la posición de la mayoría gubernamental. Por supuesto, no se produjo en ningún momento del debate el reconocimiento explícito de que la ley anterior –realizada con una notable aportación de la jueza Rosell, delegada del Gobierno para la violencia de género-, es una ley con graves errores de bulto, con una profunda contaminación ideológica y una pésima redacción, como ocurre con tantas otras de las que salen estos días como si fueran churros de las cocinas de cualquiera de los 18 parlamentos españoles.
Lo aprobado ayer, poco antes de las marchas enfrentadas del feminismo español, es sólo un primer paso para iniciar una reforma que puede durar meses, e incluso no concluir en lo que queda de legislatura. La propuesta del PSOE, que reincorpora con escasa voluntad de disimulo la mayoría de las penas anteriormente recogidas en el Código Penal, pasará ahora a su debate en comisión parlamentaria, y seguirá después el recorrido previsto para los proyectos de ley.
Mientras dure ese debate, seguirán rebajándose condenas y excarcelándose delincuentes. Y cuando la ley cambie, sus cambios no afectarán a quienes ya hayan recibido un trato más condescendiente por la ley actual. El sistema penal español establece que los reos pueden acogerse siempre a la ley que más les favorezca, y esta del solo sí es sí es la que más les conviene. Quienes hayan logrado reducir sus condenas, o se hayan librado de la cárcel, no verán revisada después su situación penal. Y la práctica totalidad de los presos por delitos sexuales que hay hoy en las cárceles cuentan aún con tiempo suficiente para lograr revisiones. La ley que se pretende aprobar ahora para corregir este desastre de Montero y Rosell, sólo puede impedir que en el futuro siga ocurriendo lo mismo. Un escaso consuelo para las víctimas de esta espantosa chapuza.
