La deriva de lo público
Francisco Pomares
Ni de lejos soy lo que en España se considera un liberal, alguien que cree que el Estado debería renunciar a intervenir en el mercado, adelgazar todo lo que resista sin desfallecer y ceder todos los servicios que pueda –desde los colegios a las cárceles- a la empresa privada. Si tuviera que explicarles de que pie cojeo en materia ideológica, más bien es del otro, del que cree que en las sociedades modernas es absolutamente imprescindible el papel que desempeñan el Estado y la función pública, y que la carga principal de todos los servicios que se deben prestar a los ciudadanos –en Sanidad, Educación, Derechos Sociales, Seguridad y Protección Civil, Justicia…- deben ser públicos, al margen de que la materialización de un servicio público pueda perfectamente conveniarse con entidades privadas o publico-privadas (como las Cámaras de Comercio, por citar un ejemplo reciente), si de esa manera se consigue una atención más rápida o eficiente.
Que defienda la necesidad de que el Estado asuma la prestación de los servicios que dan sentido a que los ciudadanos paguemos impuestos, no significa que esté ciego ante la deriva en el coste de la función pública, su creciente ineficacia inversora y por tanto, la continua disminución de lo que con cierta ligereza podríamos definir como productividad de la función pública. No es una coña, es un problema, y grave: el Ministerio de Hacienda ha publicado un avance de la liquidación de los presupuestos 2022 de las entidades locales, que advierte que cabildos y ayuntamientos gastan cada vez más en sostener sus propias estructuras de funcionamiento, es decir sus plantillas, mientras reducen de forma alarmante su capacidad inversora, que se mantiene por debajo de la que tenían antes de la crisis de 2007.
Se trata de un verdadero drama, sobre todo cuando se compara con el hecho de que este año las corporaciones locales de Canarias se van a gastar 1.554 millones en nóminas, un 26 por ciento más que en el año 2019, antes de la irrupción de la Covid y el enorme trastorno que la pandemia supuso para el funcionamiento de la administración pública. Y eso por lo que se refiere al pago de nóminas. En cuanto a la inversión de la Administración local en las islas, este año se invertirán (o deberían invertirse) 840 millones de euros, 118 millones menos que en 2007, alrededor de un diez por ciento menos que antes, mientras se gastará en personal 442 millones más que entonces, un 40 por ciento más. Es obvio que no todos los funcionarios de la administración se dedican a gestionar la inversión pública, pero la proporción de quienes lo hacen debe haber crecido de una forma muy parecida. En cualquier caso, tenemos administraciones que nos cuestan muchísimo más de lo que costaban antes de la gran crisis iniciada en 2007, y que son menos eficientes de lo que eran entonces, cuando de lo que se trata es de gestionar las inversiones productivas con las que los gobiernos impulsan la economía.
Por supuesto, el incremento del coste de las administraciones no implica sólo que haya crecido el número de empleados. El coste sube por otras causas, la principal de ellas los aumentos salariales consecuencia de la inflación. Pero la reflexión sobre lo que está sucediendo es igualmente relevante. Por un lado, sabemos que durante la pandemia se ha producido un incremento notable de la contratación de personal público, el mayor de los últimos años. Y eso no ha servido para mejorar la gestión de las administraciones, sino para empeorarla. Eso significa que la cantinela política tradicional de que los problemas de gestión se resuelven contratando más personal, probablemente sean falsos. Lo que dicen los datos es justo lo contrario: que a menos gente, más eficiencia y productividad. Y por otro lado, está el hecho de que la inversión no solo desciende porque la gestión sea más deficiente, también baja porque se detraen recursos que deberían servir para activar la economía, para pagar al personal.
Los cabildos y ayuntamientos disponen en su conjunto de una capacidad de gasto parecida a la que conservan desde hace más de una década, más de 5.200 millones de euros entre todas las corporaciones locales de las islas. Pero gastan 440 millones, un 40 por ciento más, en su personal -incluyendo a políticos y altos cargos y sus dietas- mientras invierten sólo 120 millones, un 12 por ciento menos.
En resumen: una administración cada día con más gente, más cara y menos eficiente. Habrá que hacérselo mirar.
