Irregularidades

Por Francisco Pomares

Ya saben ustedes que el Gobierno de Canarias decidió iniciar una investigación sobre sus dos exdirectores generales –tío y sobrino- para determinar “si cometieron irregularidades”, según declaro la consejera responsable, Alicia Vanoostende, tras decidirse así en el último consejo de Gobierno. Es verdad que no puede exigírsele al Gobierno que se salte la presunción de inocencia, pero –hombre- con lo que se va sabiendo de todo este asunto, partes escabrosas incluidas, yo creo que una investigación sobre irregularidades presuntas en la gestión ya no es lo que procede dilucidar. Si el Gobierno considera conveniente revisar los expedientes tramitados durante la etapa que va desde el inicio de la presidencia de Ángel Víctor Torres al cese por “pérdida de confianza grave” del sobrino, que lo haga. Pero conviene recordar que eso es lo que viene haciendo la jueza que lleva el caso, y bien empeñada que está en ello. La determinación de si se cometieron delitos (que no irregularidades) no depende de la información que el Gobierno recabe sobre los trámites. La tramitación formal de los expedientes de subvención puede haber sido impecable, con delito o sin él. Y lo más probable es que lo haya sido: lo que tío y sobrino facturaban no era la tramitación favorable de un expediente, sino protección para no tramitarlo en contra, o bien, la promesa de reducir una multa o la cantidad a devolver por una subvención mal justificada. Por lo que se sabe hasta ahora, lo que ha trascendido de la investigación policial, lo que hacían tío y sobrino no era intervenir sobre los expedientes, sino hacer promesas que no cumplían.

Los empresarios que se quejaron al Gobierno del proceder de los responsables de la dirección general y provocaron el cese asirocado del sobrino, no lo hicieron porque estos actuaran de forma poco rigurosa o insolvente en la concesión de una ayuda o subvención. Lo hicieron porque fueron sableados por servicios que luego no se prestaron. Y no se prestaron porque el objetivo de este descomunal fraude no era resolverle a los empresarios sus problemas con la Administración, era sencillamente sacarles pasta por dos vías: o haciéndoles creer que podían ocuparse de ellos (cosa que no hicieron), o haciéndoles creer que podían crearle problemas si no soltaban pasta.

Los trámites administrativos pueden estar limpios como una patena, pero la hercúlea tarea investigadora que va a acometer el Gobierno para averiguarlo, solo es importante para exculpar al propio Gobierno, y más concretamente a la Consejería de Agricultura, por no haber sido capaz de vigilar su rebaño. Y si no fuera así, si los expedientes fueran tan fraudulentos como las mordidas, sería todo mucho más grave aún de lo que ya parece: significaría que la trama extractiva que ha estado estafando a empresarios –a veces con su previa aquiescencia y consentimiento, otras metiéndoles miedo en el cuerpo- contaba con el apoyo y complicidad de funcionarios deshonestos, que se prestaban a modificar trámites al margen de la legalidad. Personalmente, me cuesta creer en la existencia de una colaboración generalizada con la trama de extorsión por parte de los empleados públicos. No sólo porque de momento no hay nadie implicado ni parece que existan grabaciones o conversaciones en las que se establece la existencia de tal colaboración, sino porque esta estafa revienta (y se interrumpe) porque los empresarios extorsionados (o los que no lograron lo que esperaban) se quejan al Gobierno.

Creer a estas alturas que a Taishet Fuentes lo cesaron porque era incompetente es poco serio: esta administración acumula probada incompetencia en otros departamentos (en Derechos Sociales, por ejemplo), sin que nadie sufra “perdida grave de confianza” y sea cesado. A Taishet lo fulminaron porque algún empresario se hartó de poner pasta a cambio de nada y se lo contó a otro, que luego corrió la voz, y al final alguien acudió con el cuento a quien tenía que acudir. Va a ser muy difícil determinar eso en la investigación interna que plantea la señora Vanoostende. Porque tampoco el Gobierno puede decir ni hacer mucho más. Ya hizo lo que podía hacer: cargarse un eslabón de la cadena y dejar pudrir el asunto. Lo inexplicable, imperdonable y políticamente vergonzoso es que unos meses después le buscaran un echadero al cesado. Si la responsabilidad de que eso ocurriera es de alguien que aún sigue en el Gobierno, eso es lo que habría que investigar. Pero eso son palabras mayores.