Improrrogable
Francisco Pomares
El Supremo dio el jueves un sonoro tirón de orejas al Gobierno Sánchez en un asunto tan delicado como la protección de menores migrantes. Con ese auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dejado en evidencia la negligencia del Ejecutivo, obligándolo a cumplir con su deber legal de garantizar el acceso de estos menores al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional. Deberá hacerse en el improrrogable plazo de 10 días, garantizando el acceso y permanencia en el país, como refugiados, de todos aquellos menores actualmente a cargo de los servicios de protección de Canarias, que hayan solicitado protección internacional o manifestado su voluntad de solicitarla. Esta decisión judicial no solo pone negro sobre blanco el incumplimiento sanchista, sino que también retrata el uso descaradamente político que el Gobierno ha hecho de la inmigración en los últimos años.
La situación de hacinamiento y abandono que sufren los niños, actualmente bajo la tutela de Canarias, no es un fenómeno nuevo: la sobrecarga del sistema de acogida en las islas ha sido cada vez más evidente en los últimos años, mientras el Gobierno Sánchez miraba para otro lado. Ni un solo gesto de solidaridad territorial, ni un plan coherente para la distribución de menores, ni una estrategia de integración. Sólo seis años de excusas, parches y un discurso buenista que no se ha traducido jamás en medidas reales. Habrá que ver qué ocurre dentro de unas semanas, cuando el decreto que ha de solucionar todos los problemas sea convalidado con el voto del PSOE y sus socios parlamentarios, gracias a la mediación de Clavijo con Junts.
Pero lo más vergonzoso no es solo la inacción de estos años de mirar al techo, sino la hipocresía: el PSOE ha demostrado, una vez más, su doble vara de medir. En Madrid, sus dirigentes se llenan la boca con discursos sobre derechos humanos y solidaridad. Señalan con el dedo a otras formaciones políticas, acusándolas de insensibilidad y racismo, mientras en Canarias abandonan a su suerte a miles de niños migrantes. Cuando se trata de repartir culpas y hacer propaganda, Sánchez y su séquito se muestran ágiles y vehementes. Sin embargo, cuando la realidad exige decisiones y acciones concretas, desaparecen. En el Congreso se proclaman defensores de la acogida y la cooperación, pero cuando Canarias les ha exigido cumplir con sus propias leyes, el Gobierno del César se encoge de hombros y hace como si el problema no fuera suyo. Es cinismo llevado al extremo: una política migratoria basada en la propaganda y la búsqueda de señalar al contrario como responsable, y en la que la vida y la seguridad de los menores no es más que otra ficha en el inmoral tablero de juego del sanchismo, sus discursos impostados, y su negación a actuar.
El Tribunal Supremo ha tenido que recordarle al Gobierno algo que debería ser evidente: la ley de asilo y el reglamento de acogida no son sugerencias, sino normas de obligado cumplimiento: los menores que han solicitado refugio, deben recibir una protección efectiva, y la responsabilidad de protegerlos es del Estado, no de las comunidades autónomas. Es inexplicable, una vergüenza, que el Gobierno regional haya tenido que recurrir a los tribunales para obligar a Sánchez -el presidente más progresista y solidario de todos los tiempos-, a cumplir con su obligación y hacer su trabajo. Sánchez es un político que se llena la boca hablando de justicia social, solidaridad, responsabilidad y voluntad de integración y lucha contra el racismo, pero que abandona a su suerte a los menores migrantes cuando las cámaras no le están enfocando.
La hipocresía del Gobierno en materia de emigración no es nueva en absoluto, pero pocas veces ha quedado tan expuesta como hoy. En otras crisis migratorias –la de Ceuta, sin ir más lejos- se ha exigido solidaridad y señalado como xenófobos a quienes pidieron una respuesta más medida. Pero cuando la crisis golpea a la España alejada, la respuesta es bien diferente: silencio, desidia y ninguneo. No por un problema de capacidad, de escasez de recursos estatales, sino por ausencia de voluntad política. Canarias queda lejos, a dos mil kilómetros de Madrid, y concentrar a los menores en los predios insulares ahorra gastos en seguridad. Nadie escapa a una cárcel rodeada de agua. Ahora, con este auto del Supremo, el Gobierno se queda sin excusas. En diez días, Sánchez debe cumplir con lo que establece la ley. La pregunta es si lo hará con la misma desgana con la que ha gestionado hasta ahora el problema o si, por una vez, pondrá la política al servicio de las personas y no de sus propios intereses, o si volverá a mandarnos a Torres a culpar al Gobierno de Canarias. Porque lo que ha ocurrido con estos menores que reclamaban amparo no es un hecho aislado, sino el reflejo de una forma de gobernar basada en la improvisación, la mentira y la manipulación del relato.
