Esperando que llegue marzo
Francisco Pomares
La definitiva aprobación de los presupuestos regionales, esta semana, debiera convertirse en el disparo de salida de la acción política del Gobierno. Sin embargo, no parece que vaya a ser así de ninguna manera: es cierto que en ningún otro lado los gobiernos definen y presentan sus objetivos y prioridades mejor que en sus presupuestos, pero no siempre los presupuestos, incluso tras su definitiva aprobación, representan una precisa radiografía de las intenciones del ejecutivo.
La técnica presupuestaria esconde una narrativa a veces alejada de las intenciones reales: el Gobierno floral de Ángel Víctor Torres construía sus presupuestos sanitarios no sobre la base de lo efectivamente gastado en Sanidad el año anterior, sino sobre lo presupuestado, que no siempre es lo mismo. El Gobierno actual ha decidido apostar por el gasto real, no esconderlo, y eso ha obligado al incumplimiento de algunos compromisos. No solo al retraso de la prometida bajada del IGIG, sino también a la reducción de las cantidades previstas para Asuntos Sociales o Cultura, por ejemplo.
La consejera de Universidades y otras yerbas, Migdalia Machín, ha explicado que el presupuesto de Cultura se complementará con las partidas que lleguen de Madrid, cono resultado de los acuerdos de desarrollo financiero previstos en la Agenda Canaria, y la esperada llegada de más pasta nacional.
Eso crea la expectativa de que varios departamentos castigados por la metástasis del gasto sanitario podrán volver a la normalidad, a lo consuetudinario, pero tal cosa ni siquiera depende exclusivamente de que el Gobierno cumpla sus compromisos financieros. También tendrá que flexibilizar su posición sobre la regla de gasto en Canarias, porque si no ocurre así, las islas se verán obligadas a destinar por completo el excedente financiero a pagar deuda a los bancos.
No seré yo quien se oponga a la ortodoxia fiscal, a que esta generación pague la pólvora que gasta en fuegos de artificio, en vez de endosar la deuda a nuestros hijos y nietos.
Pero también es cierto que la norma sólo sirve si se aplica de forma similar a todos: no parece de recibo que Canarias pague ahora su deuda y pague también (en la alícuota parte que le corresponda) las quitas a Cataluña y su despilfarro pasado, presente y futuro, más la factura europea por el Covid y todo lo demás.
Por eso, hay que esperar a ver qué es lo que ocurre con las quitas, las cuotas, la regla fiscal y la Agenda Canaria antes de hacer balance de lo que puede llegar a ser la acción futura del Gobierno con un presupuesto aquejado de obesidad mórbida, pero con las principales partidas ya comprometidas.
El Gobierno de Canarias está obligado a una paciente espera, que durará -al menos- hasta que el Congreso de los Diputados apruebe los próximos presupuestos generales del Estado, y podamos comprobar si el PSOE cumple con los acuerdos y compromisos contraídos. Que yo creo que no lo hará, porque la situación ha cambiado muy mucho en un par de semanas: antes, el PSOE trabajaba casi exclusivamente para asegurar la continuidad de Sánchez en Moncloa. Ahora que Sánchez ya está donde había que ponerlo, es poco probable que Cataluña rompa alegremente porque el Gobierno diga que aquello que firmó el PSOE sobre convocar a los jueces para que rindan cuenta al Congreso, el Gobierno de Sánchez no va a cumplirlo porque resulta que no es posible.
Y si le dicen eso al muy beligerante Puigdemont, imaginen que podrían decirle a alguien tan poco dado a liarla como Clavijo.
Estamos, pues, en un impasse de espera, un tiempo en el que lo que cuenta es no equivocarse ni por exceso ni por defecto, e ir cerrando asuntos de enjundia como La Laguna, por ejemplo.
En marzo, más o menos, las cosas comenzarán a pintar de otra manera: quizá mejor, o quizá todo lo contrario, en función básicamente de si se desata la histeria de Junts, o de si Europa toma cartas en el asunto de la Amnistía, el lawfare o las bromas con el déficit. Hasta entonces, toca mantener la calma y gobernar aquí abajo con los medios con los que se cuenta.