El tercer caso
Francisco Pomares
Mientras el ministro Torres se sacudía ayer en un desayuno informativo de Europa Press cualquier responsabilidad en la compra de casi 13 millones de euros en mascarillas y otro utillaje sanitario a la empresa vinculada a Koldo García, los pormenores de la rápida y sorprendente compra de 23 millones más en material sanitario en la que intervino el presidente de la Unión Deportiva, comenzaba a arrojar nuevos y sorprendentes datos.
Por ejemplo, parece que esta fue la primera compra de material realizada durante la pandemia por el Gobierno, y que la decisión de comprar se produjo en forma rápida y fulminante: en apenas tres días. Incluso para una situación de emergencia es darse mucha prisa. El primer contrato se realizó sólo después de que Ramírez tomara el control de Tabaiba Capital, y se convirtiera en su administrador único. En realidad, la participación de Ramírez en la operación parece haber sido la de montar un entramado de empresas para cobrar una comisión por la venta de 23 millones, servida por Damco Trading Services y Tanoja Services. Ambas empresas vendieron test y tapabocas en 2020 y 2021 al Servicio Canario de Salud. La primera compra se produjo siendo el inevitable Antonio Olivera director del Servicio. Las empresas, con Noel Jammal Fernández como administrador único, facturaron 15.8 millones en 2020 y 7,1 millones en 2021.
Los precios que se pagaron fueron los de la época, con unos márgenes enormes, fruto de esa ley del mercado que establece la relación entre una gran demanda de un producto y una terrible dificultad para encontrarlo, que dispara los precios. Ocurrió con todas las compras de material sanitario: los proveedores chinos se hincharon a vender, los intermediarios se pusieron las botas, los fletes y transportes se dispararon de precio, y las administraciones –todas- pagaron religiosamente lo que se les pedía, alarmadas por la cadencia de muertes que no cesaba. Fue, como ocurre en tiempo de desgracia, una época de oportunidades para los más listos, más osados o mejor situados en el entorno del poder. Surgieron Koldos de debajo de las piedras.
En sí, la operación –al margen de sus abultados beneficios- no es diferente a otras operaciones parecidas y perfectamente legales suscritas entonces. En cuanto al muy enrevesado diseñó empresarial parece responder al deseo de Ramírez de evitar aparecer públicamente como protagonista directo de la operación, que probablemente no habría llamado especialmente la atención si una parte considerable de lo cobrado no hubiera sido transferida a Tabaiba Capital, con el propio Ramírez como administrador único, y más tarde otra parte –desde Tabaiba Capital- a B&M Sport Marketing, con Lucas Bravo de Laguna –empleado de Ramírez en la Unión Deportiva y socio suyo- también de administrador único.
La Fiscalía decidió investigar tras recibir una denuncia de la inspección tributaria, a cuenta de varias dotaciones de la Reserva de Inversiones en las empresas implicadas. La Reserva permite invertir el beneficio en determinados activos, y pagar un porcentaje de sólo el diez por ciento del impuesto de beneficio. Tabaiba dotó la reserva con 2,37 millones en 2020 y con 2,5 millones en 2021, ahorrándose una pasta en impuestos, pero la Fiscalía considera que los ingresos declarados por la empresa no eran aptos para dotar la reserva y debieron declararse como ganancia patrimonial del propio Ramírez sujeta a IRPF, por lo que Ramírez habría defraudado entre 2020 y 2021 casi tres millones de euros. Cantidades inferiores habrían defraudado también Bravo de Laguna y el último eslabón de la cadena, su colega Cerpa, por los mismos motivos.
Es probable que el escurridizo Ramírez tenga escapatoria penal: aún no ha vencido el plazo para modificar su dotación de RIC y puede pagar el IRPF con recargo, pero incluso si eso fuera factible, la broma va a costarle casi todo lo que ganó, y le lleva de nuevo en los tribunales.
En cuanto a la responsabilidad del Gobierno, de Torres, de Olivera o de quien corresponda, es discutible: que un empresario que contrata con la administración no pague sus impuestos es problema suyo y de Hacienda. Pero resulta inevitable pensar que hay algo raro en una operación multimillonaria montada en apenas tres días, y cuyos protagonistas quisieron mantenerse en el anonimato. Los estadounidenses dicen que sólo hay dos cosas de las que uno no puede escapar: la muerte y los impuestos. Si te dedicas a la política y tienes que gestionar una morterada pública en época de sufrimiento y desesperación, otra cosa de la que es muy difícil escapar es del escrutinio público, de la sospecha de que en una operación de 15 millones que se cierra en tres días hay gato encerrado. Por eso –y por ser el tercer caso- este asunto huele raro y puede acabar mal.
