El reparto
Francisco Pomares
La solución al problema de la distribución de menores migrantes no acompañados sigue centrando la agenda política canaria, más allá de otras cuestiones de singular importancia, como el persistente fracaso en la dependencia, las dificultades crecientes en la atención sanitaria o el problema de la escasez de vivienda. Fernando Clavijo parece decidido a seguir apostando por un acuerdo de reparto de los menores que no acaba de llegar nunca. Tras la noticia amable que supuso el regreso al viejo protocolo, pactado después de un año de negociaciones -¡¡¡un año!!!- con la ministra Sira Rego, la rueda de prensa ofrecida ayer por Clavijo, junto a García-Page, vuelve a poner de manifiesto la tensión política que el asunto provoca, la incapacidad de las administraciones para abordar esta crisis con la generosidad y la urgencia que merece, y la ausencia de una estrategia coherente y sostenible por parte del Gobierno Sánchez. Por no hablar del comportamiento miserable de una oposición secuestrada por su propia miopía. Volvemos, pues, a la soledad más absoluta de un político canario dejándose los cuernos en una batalla difícil de explicar, no digamos de ganar.
Es muy preocupante la ausencia de transparencia y claridad en la toma de decisiones sobre la distribución de los menores. Clavijo asegura que no hay ningún acuerdo previo con el PNV y con Junts para excluir a País Vasco y Cataluña del reparto, pero su énfasis en esta negación sugiere más bien lo contrario, la existencia de un pacto implícito: en pocos días nos dirán que catalanes y vascos no entrarán en el reparto porque ya cumplen las condiciones de acogida que establece el protocolo. El reparto –si llega alguna vez a producirse- se basa en criterios aprobados en 2022, como el PIB per cápita, la dispersión geográfica y el esfuerzo previo realizado en cada región. Eso debería ser objetivo y poder medirse. ¿Por qué entonces la polémica sobre la exclusión de Cataluña y País Vasco? La falta de información provoca desconfianza y alienta la especulación.
Por otra parte, la reacción del PP tampoco es de recibo: mientras el portavoz conservador, Borja Sémper, se apresura a rechazar el acuerdo sin haber visto el texto final, el PSOE y sus aliados tratan básicamente de convertir ese rechazo en un escenario más para el conflicto. Unos y otros han convertido la política migratoria en un campo de batalla partidista, donde cada actor busca sacar rédito electoral en lugar de trabajar en soluciones efectivas que puedan sostenerse en el tiempo y aplicarse de manera permanente, sin necesidad de nuevos y continuos debates a cara de perro. La posición desestabilizadora de un Puigdemont acostumbrado a imponer sus chantajes y de una extrema derecha tirada al monte, deberían ser neutralizadas. Pero eso sólo puede ocurrir si las dos principales fuerzas políticas del país logran cerrar un principio de acuerdo en materia migratoria. Lograron hacerlo en un asunto mucho más complicado, podrido por meses de enfrentamientos, como el reparto del poder judicial. ¿Por qué no intentarlo?
Quizá porque a la falta de voluntad de entendimiento se una otro también la ausencia de una estrategia integral de acogida. Como bien señala García-Page, lo que se está negociando no es más que un parche, una medida temporal que no ataca la raíz del problema. No basta con repartir menores entre comunidades autónomas sin garantizar que el sistema de acogida pueda absorberlos adecuadamente. La legislación española exige que estos menores sean atendidos en centros pequeños o en domicilios familiares, pero la realidad es que la mayoría de las comunidades amontonan en condiciones que rozan lo inmundo a los menores. Casi nadie cuenta con la infraestructura y los recursos que permitan cumplir con los mínimos exigibles de protección. Ya va siendo hora de que se trabaje en una estrategia nacional de acogida, perfectamente definida y con financiación establecida. Sin eso, cualquier intento de reparto está condenado al fracaso o -en el mejor de los casos- a una solución parcial y deficiente.
Los sistemas regionales de acogida de menores fueron diseñados originalmente para atender a niños y adolescentes en situación de desamparo dentro de su propio territorio, no para gestionar la llegada masiva de menores migrantes. Esta distorsión del sistema de protección de menores no puede sostenerse por más tiempo. Es precisa una profunda reforma estructural. Es necesario que el Gobierno nacional deje de coquetear con el desastre y sus rentas, se decida a asumir la responsabilidad que tiene, y proporcione a las regiones los recursos que permitan intentar la integración real de menores en la sociedad que los acoge. Todo lo demás es pura cosmética. Si no se deja de lado la improvisación y los intereses partidistas, el abordaje de esta crisis conducirá de nuevo al fracaso. Es necesario un esfuerzo nacional. Clavijo no puede resolver este atasco él sólo.
