El problemón
Francisco Pomares
Inmune a toda crítica a su plan para promover la vivienda asequible, Pedro Sánchez aumentó ayer su apuesta: además de las 50.000 de la Sareb (el banco malo del Gobierno). que resulta que no son ni de lejos esas 50.000, Sánchez sumó en el Congreso otras 43.000 cuya construcción o rehabilitación va a financiar su Gobierno con 4.000 millones de euros del Instituto de Crédito Oficial (el banco bueno del Gobierno) con cargo a fondos europeos. Para financiar esas nuevas viviendas, a razón de 93.000 euros de media cada una, los promotores tendrán que asumir dos condiciones: que las casas sean fetén en materia de eficiencia energética y que se destinen a alquiler barato o a cesión de uso por al menos medio siglo. En su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el presidente explicó que es objetivo de su gobierno que la vivienda sea el quinto pilar del Estado del Bienestar, aunque asumió que hoy se ha convertido en lo que definió como «un problemón», y explicó que eso ha ocurrido porque se la ha considerado más “como una mercancía” que como un derecho.
Uno supone que además de sacarse casas de la chistera, el plan de Sánchez se articula en las decisiones y leyes aprobadas o por aprobar de su Gobierno: de momento sabemos que por lo que se refiere a los activos de la Sareb, el plan se basa en la activación de suelos de valor escaso para la construcción, que además no están en los sitios con mayor demanda, y en lo que se pueda hacer tirando de pisos inacabados o pendientes de rehabilitación y adaptación para ser habitables, o de varias decenas de miles de casas alejadas de las grandes ciudades donde realmente resultan más necesarias. Porque en las ciudades más importantes no hay ni viviendas ni suelos disponibles, y los que aún quedan están hipotecados para resolver la deuda de la crisis bancaria de 2008. El Gobierno aprobó el martes su plan, sin despejar todas las dudas sobre dónde están los activos ofrecidos, o cómo se financiará su rehabilitación, y ayer Sánchez añadió otro factor más de confusión, hablando de 43.000 viviendas más que se pondrán a disposición de quienes las necesitan tirando de fondos europeos.
Lo cierto es que cada vez que los gobiernos aprueban más leyes para la galería, les crecen los enanos. El caso de la ocupación residencial de la vivienda turística, prohibida por ley, es ilustrativo: la tercera parte de los apartamentos de Canarias están siendo hoy utilizados con fines residenciales, y es poco probable que con la crisis de vivienda actual, alguien se atreva de verdad a resolverlo. En cuanto a los beneficios de la intervención de los precios del alquiler, aprobada sandungueramente por el Gobierno hace un año, ha ocurrido lo esperable y anunciado: se ha reducido drásticamente la oferta y –por tanto- se han disparado los precios del alquiler muy por encima de la inflación. El Día publicaba ayer un excelente reportaje que demuestra que entre abril de 2021 y abril de 2022 –el primer año con precios de alquiler topados-, estos subieron un 11,4 por ciento, 4,3 puntos más de lo que crecieron entre abril de 2020 y abril de 2021. Además, desde la aprobación de la ley, hay un 15 por ciento menos de viviendas en alquiler en Las Palmas de Gran Canaria y hasta un 22 por ciento menos en Santa Cruz de Tenerife. Y lo que ocurre en Canarias no se diferencia demasiado de lo que ocurre en el resto de España.
Para agravar la situación, la próxima Ley, bloqueada en el Congreso durante tres años por el PSOE, pero pactada ahora con Bildu y Esquerra Republicana, y que incorpora un tope de tres por ciento de aumento en los alquileres, amenaza con retirar más vivienda del mercado. Eso supondrá un encarecimiento de facto de los precios. Y los pisos prometidos como oferta electoral no van a llegar a tiempo para resolver el problemón: Canarias necesita poner en el mercado casi 11.000 viviendas por año, y eso sólo para evitar que el actual déficit siga creciendo. Por si fuera poco, la mayoría de las 831 casas de que dispone la Sareb en las islas -el 88 por ciento-, no está en las capitales, que es donde el agobio de encontrar vivienda resulta más acuciante. Y tampoco están preparadas para alquilarse: muchas se encuentran en estructura, y habrá que concluirlas para que puedan acoger gente. Otras muchas están ilegalmente ocupadas, y suponiendo que el Gobierno quiera sacar a los okupas (y es mucho suponer, no sólo por motivos ideológicos, sino porque supone desvestir un santo para vestir a otro), los procedimientos judiciales de desalojo se pueden eternizar… No es buena política fiarlo todo a la eficacia de leyes de muy mala calidad.
