El clamor
Francisco Pomares
Ya es un clamor: el Estado tiene que resolver el problema del déficit de potencia instalada en el sistema eléctrico (los seis sistemas, para ser exactos) de las islas. Lo ha planteado el presidente del Gobierno de Canarias, el consejero, Casimiro Curbelo, Coalición y el PP y hasta el exconsejero responsable del asunto, José Antonio Valbuena, que no logró convencer al Gobierno central, a pesar de las buenas conexiones partidarias y angelicales, durante los últimos cuatro años. Es verdad que Valbuena ha estado siempre más pendiente de otras cosas, pero no es el culpable de la situación a la que nos enfrentamos hoy. Para ser sinceros, lo es una ley planteada por un ministro canario –José Manuel Soria- que estaba más preocupado por embridad a las eléctricas y forzar la desaparición del monopolio eléctrico en Canarias, que por garantizar el suministro. Fue la de Soria una ley muy pendiente de desarrollar la competencia y el funcionamiento del libre mercado, que de garantizar la continuidad del suministro. En unos tiempos en los que se plantea un aumento generalizado del consumo eléctrico –el propio Valbuena estaba convencido de que el transporte sería completamente eléctrico en una generación- es absurdo que nadie se ocupara de estudiar un marco legal que impide a Canarias generar más potencia. Para que todos los coches de las islas funcionaran tirando de electricidad recargada, nuestros sistemas deberían producir más del doble de potencia de la que hoy se produce, y las redes de transporte eléctrico deberían probablemente multiplicar aún más su capacidad de tráfico. Es increíble que nadie entre los ecologistas tire de la manta para señalar que usar coches eléctricos en las islas es usar coches que se alimentan –al menos en un ochenta por ciento- de combustibles fósiles. Y es menos increíble –pero igualmente insensato- que las empresas que comercializan coches eléctricos no hayan dicho que para que todo el mundo pueda moverse en coches eléctricos, tendría que duplicarse la potencia de las redes y la capacidad de transportar electricidad desde las centrales a los puntos de carga. Eso implica un esfuerzo titánico –realmente inabordable- para poder ser realizado en el espacio de una generación.
Pero hoy no debería preocuparnos ni siquiera lo que está por venir, sino lo que ya tenemos encima: las crecientes probabilidades de que Tenerife, Gran Canaria o cualquiera de las islas, puedan entrar en cero energético en cualquier momento, básicamente porque nadie hace lo que hay que hacer para resolverlo. A pesar de la preocupación expresada por Valbuena, el Gobierno de Sánchez considera que este es un problema de las autoridades regionales. Pero las autoridades regionales están atadas de mano por una legislación nacional que impide a las compañías eléctrica ya instaladas en un territorio aumentar su potencia.
Si algo se aprende en la vida es que si algo malo puede ocurrir, es casi seguro que ocurrirá. En Tenerife y Gran Canaria hace falta producir un mínimo de 200 megavatios adicionales para cubrir la demanda, el 20 por ciento de la potencia que tenemos hoy. Y no hay forma de hacerlo, porque el Gobierno central considera que cualquier solución que se adopte fuera de una situación de emergencia, es ilegal o va en contra del derecho comunitario de libre concurrencia. Por eso, porque aquí no hay nadie que se tome las cosas en serio, las previsiones más optimistas son que si se al final se encuentra alguna empresa dispuesta a invertir a riesgo, para tardar años en amortizar la inversión o quizá no amortizarla nunca, la solución tardará un lustro. Cinco años consumiendo más potencia de la que producimos, y funcionando con equipos en las últimas.
Mientras tanto, en alguna o algunas de nuestras islas ocurrirá exactamente lo mismo que pasó en La Gomera, y los obsoletos grupos de producción que generan la electricidad que consumimos arderán inevitablemente. Se arreglará, pero –por no hablar de lo que puede tardarse en levantar un cero en Tenerife o en Gran Canaria, producido por pérdida de funcionalidad de los grupos que producen la corriente- será mucho más caro reponerlos de lo que sería hacerlo si el Gobierno logra poner en marcha una licitación de urgencia o una adjudicación directa, como se hace tras una catástrofe. Como se hizo en La Gomera.
Pero parece que es más fácil esperar a que miles de personas se vean perjudicadas por un apagón que provocará graves pérdidas en sus negocios y viviendas. Eso no tiene ningún sentido. Esto no es gobernar. De nada sirve que todo el mundo se ponga de acuerdo y pida lo mismo, si el Gobierno no es capaz de reaccionar.
