‘El caso Voloh’, la conexión rusa y la amnistía
El asunto que mantiene bloqueado el acuerdo del PSOE con Junts es –según se ha filtrado desde el PSOE- que Puigdemont quiere introducir un punto concreto en el articulado de la ley de Amnistía, que incluya a los encausados por el llamado ‘caso Voloh’, que investiga el desvío de fondos públicos para financiar el procés. La investigación se deriva de otra anterior, relativa a unas subvenciones de la Diputación Provincial de Barcelona, recibidas por la Fundación Catmón y la Fundación Igman, dos fundaciones cercanas a Junts, y fue iniciada por el juez Joaquín Aguirre, el mismo que se ha hecho famoso en toda España por ser el responsable del ‘caso Negreira’. Sin pretenderlo, la investigación acabó afectando a algunas de las personas claves del entourage político del independentismo catalán. Entre otros, al historiador Josep Lluís Alay, mano derecha del expresidente Puigdemont, y jefe de su oficina personal.
El ‘caso Voloh’ es una derivada de aquellas primeras investigaciones sobre financiación ilegal de Junts. Recibe su nombre de una operación puesta en marcha por la Guardia Civil a finales de octubre de 2020 en varios municipios españoles, para investigar el desvío de fondos públicos que podrían haber servido para financiar algaradas y altercados entre los CDR indepes y las fuerzas de orden público. La Guardia Civil detuvo a una veintena de personas, entre ellas a Alay, pero también a Víctor Terradellas, Oriol Soler, Xavier Vendrell, David Madí, o Josep Campmajó, todos ellos políuticos o empresarios muy cercanos al propio Puigdemont. La Guardia Civil registró los domicilios de los detenidos, las instalaciones de la empresa Events, el Ayuntamiento de Cabrera de Mar y la sede de la plataforma para implantar la Selección Catalana de Futbol. La intervención de los móviles a casi una veintena de implicados, reveló sorpresivamente la existencia de contactos recurrentes entre altos cargos políticos de la Generalitat –incluyendo a Puigdemont– con personal del Kremlin, directamente al servicio del presidente Putin.
La policía grabó dos conversaciones del exconseller Xavier Vendrell y del convergente David Madí con el exjefe de relaciones internacionales de Convergencia, Víctor Terradellas, en las que se hablaba de la oferta realizada por Rusia de aportar diez mil soldados para apoyar la independencia cuando Puigdemont la declarase. Tras conocerse la oferta, que provocó estupor en todo el país, la embajada rusa respondió en sus redes sociales, en tono irónico y negando la mayor. También la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, negó categóricamente cualquier implicación del Kremlin en la supuesta oferta de enviar diez mil soldados a Cataluña.
El juez Aguirre, sin embargo, si creyó en la fiabilidad de las escuchas, aunque se ha encontrado con la férrea oposición de la Fiscalía a seguir con la investigación, a la que el fiscal llegó a calificar de “precipitada y prospectiva”. Es poco lo que se ha podido confirmar del asunto, que permanece aún abierto y bajo secreto de sumario, aunque en 2022, el propio Terradellas admitió ante el juez haberse reunido con Puigdemont y enviados del Kremlin -entre ellos Nikolay Sadovnikov, un diplomático muy cercano a Putin y al Ministro de Exteriores, Serguei Lavrov- en un encuentro en la Generalitat, pocas horas antes de que el president proclamara la independencia. Cuando fue interrogado sobre ese encuentro, Sadovnikov explicó que había tenido Covid y no recordaba absolutamente nada que hubiera ocurrido antes de 2020.
La cuestión es que la mayoría de los investigados en el ‘caso Voloh’ son parte de la dirección política del procés y de Tsunami Democràtic, la plataforma que movilizó las belicosas protestas callejeras tras la sentencia contra los líderes independentistas en 2019. Eso hace muy complejo incluir a los encausados por Voloh, gente muy próxima a Puigdemont, en el articulado de la amnistía, que hará referencia a los delitos amnistiados, pero no a las causas concretas. El secreto de la causa impide conocer ni a los investigados ni los delitos que se les imputa. Curiosamente, la propuesta de amnistía de la vicepresidenta Yolanda Díaz –consensuada por Sumar con Junts y ERC- sí incluía las distintas causas, y mencionaba tanto Voloh como Tsunami Democràtic. Es por eso por lo que los medios de Cataluña –probablemente con más información de lo que se ha discutido en Bruselas entre Puigdemont y los enviados de Sánchez, vinculan la resistencia del expresident a cerrar el acuerdo, a que la amnistía garantice también la condonación de los posibles delitos de sus colegas. Al final, si quieren que Puigdemont ceda, tendrán que usar el texto de Yolanda Díaz. Aunque sea más difícil que se lo trague el Constitucional.
