El acelerador de Canarias necesita más velocidad
Por Antonio Coll
Las perspectivas de que la investidura de Mariano Rajoy tenga éxito con el apoyo de los partidos nacionalistas, incluido los de perfil “independentistas”, tiene para mí un valor extraordinario, en un Reino como el de España, multicultural y conformado por 17 comunidades autónomas. La formación naranja de Albert Rivera se equivocaría si pone veto a ese contexto, que por otro lado se encuadra en un marco histórico que Felipe González, José Maria Aznar y ZP, hicieron uso de dichas formaciones para gobernar. Yo siempre he pensado que excluir es malo y el nacionalismo español puede perfectamente convivir con otros nacionalismos, existentes en el Estado Español, siempre dentro del marco constitucional vigente.
Para la comunidad neocolonial de Canarias, es imprescindible que se conforme urgentemente un gobierno estatal, para activar la Agenda Canaria que, entre otras cuestiones prioritarias, se encuentra la reforma de la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF), que como muy bien ha dicho el presidente canario, Fernando Clavijo, tiene que negociarse “fuera del sistema de financiación autonómica”, tal como se recoge en la Constitución. También Clavijo explica en unas declaraciones públicas la urgencia de abordar con el nuevo gobierno español: las competencias en costas, la reactivación de los convenios de carreteras, infraestructuras educativas, dependencia y vivienda y, por supuesto, la imprescindible modificación del sistema de financiación para las siete islas canarias. Actualmente, Canarias es una de las comunidades que rueda con una velocidad muy lenta, lo que está generando una alarmante fractura social, por el elevado índice de desempleo que conlleva a más desigualdad y pobreza. Asimismo las rentas medias han reducido su poder adquisitivo, lo que está produciendo un hundimiento de las rentas más bajas, situando a muchos hogares canarios a una desesperación latente. Se calcula que más de 500.000 canarios y residentes están expuestos a una exclusión social muy grave, de extrema necesidad.
La Ley del Suelo, un ambicioso proyecto para las islas
El último anteproyecto de la Ley del Suelo o del Territorio, el buque insignia de esta legislatura para el Gobierno de Canarias, dirigido por el nacionalista Fernando Clavijo, puede convertirse en un instrumento muy valioso para dinamizar una economía, muy dependiente del exterior y poco diversificada en otros sectores, independiente del turismo y comercio.
Sin excluir las polémicas que ya se está suscitando, por sectores proteccionistas, conservacionistas y otros sectores de la sociedad, el anteproyecto de Ley del Suelo de Canarias, es percibida por muchos analistas, como un planeamiento que dará muchas respuestas a una realidad que las actuales normas no contemplan por obsoletas y desfasadas a la nueva época, en la que vivimos. Por eso, es imprescindible actualizar, de forma urgente, la maraña de normativas actuales que están actuando como freno para un desarrollo sostenible de las islas. La redacción del anteproyecto, en uno de sus apartados, afirma que “la regulación del suelo debe sustentarse en tres criterios: simplificación, racionalización y actualización de las reglas aplicables para la protección, ordenación y utilización del territorio” Se debe entender que la Ley persigue un todo, es decir un marco normativo único para mayor eficacia que respondan a los valores y necesidades de la sociedad canaria actual, ya que es la única forma de generar riqueza y atenuar la exclusión social y el desempleo. El apartado del régimen jurídico del territorio es de vital importancia para alejarnos de los tribunales de justicia y, sobre todo, de los despachos de abogados. Hoy, la media para aprobar un plan de planeamientos es de unos 12 años. Bueno, en Lanzarote, ese periodo a veces se duplica. Y este panorama es insostenible por incoherente e irracional. En resumen, hoy se debe de imponer la agilidad en las administraciones públicas y eliminar las barreras, por otra parte, muy confusas, entre ayuntamientos, cabildos, gobierno autonómico y estatal.
La ley del Suelo es una norma ambiciosa y tiene como objetivo principal resolver los múltiples conflictos territoriales y urbanísticos actuales que, en la mayoría de las veces, son desesperantes para inversores, empresarios y particulares. Y solo crean un panorama desolador con el estancamiento de la economía y pérdidas de oportunidades para muchos canarios de encontrar un empleo y vivir dignamente en sus islas respectivas.
Ancho será el camino por recorrer y muchos altibajos habrá que sortear pero me siento optimista de su aprobación por el interés general del pueblo canario.
