El 7 por ciento
Francisco Pomares
Durante años, el tres por ciento fue el porcentaje que definía la política catalana, y la tolerancia cómplice de los gobiernos de España ante un socio singularmente útil –pero nunca árbitro- que había convertido la corrupción sistémica en principal aportación de Cataluña a la política española. Desde ayer, gracias al deseo de Pedro Sánchez de atrincherarse eternamente en el poder, el nuevo porcentaje que define la política es el siete por ciento. Ese siete por ciento rascado de catalanes con derecho a votar, que han logrado encumbrar a su líder –el prófugo Puigdemont- y convertirlo en el hombre que decide quién y cómo se gobierna España. Y eso es lo de menos: lo de más es como el líder de una mínima minoría ha logrado torcer el brazo a la Historia y el Derecho, sólo porque el presidente de todos los españoles quiere seguir gobernando, a pesar de haber perdido las elecciones.
El precio a pagar por Sánchez lo ha dejado perfectamente claro Puigdemont en su comparecencia de prensa de ayer mañana: según ha declarado el expresident, en el acuerdo con el PSOE no se ha fijado otro limite que la voluntad del pueblo de Cataluña, expresada en el Parlament. Los límites los fija, pues, el Parlament. La amnistía supone el compromiso de reparación a las víctimas de la guerra sucia del Estado contra Cataluña. El texto de la amnistía debe ser presentado antes de la investidura, y firmado por todos los grupos parlamentarios que apoyarán a Sánchez: PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNV, Bildu y BNG. Coalición queda al margen. El PSOE asume la necesidad de ampliar la amnistía con futuras modificaciones legislativas, si los políticos detectan persecución política por parte de los jueces –lo que llaman lawfare-. Para eso se crearán comisiones en el Congreso que suplantarán a los jueces y decidirán quién debe ser amnistiado, por haber sido condenado injustamente. La amnistía se produce sin reconocimiento de los delitos cometidos en el procés, sin renuncia a volver a hacerlo (todo lo contrario), y asumiendo el PSOE la verificación internacional del proceso de independencia, la mediación de dos relatores internacionales de las negociaciones –uno para ERC y otro para Junts- que empezarán a actuar antes de que finalice este mes y cuyos nombres ya se han acordado, aunque se mantendrán de momento en secreto para evitar presiones. Y por último: el PSOE aceptará igualmente iniciar la negociación sobre el referéndum (que no la consulta en sí, al menos de momento): el texto establece literalmente que Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución.
El vértigo es que hayan tragado con todo. Con absolutamente todo. Ni en el peor escenario se esperaba un acuerdo que incluyera la aceptación del relato independentista, y todas las exigencias de Puigdemont, el hombre que representa al siete por ciento de los catalanes. Y no hay escapatoria: el PSOE ha presentado el pacto como un acuerdo para toda la legislatura, pero Puigdemont ha dejado claro que el apoyo a los Presupuestos, y a cada una de las leyes que el Gobierno lleve al Parlamento, queda condicionado a que el Gobierno cumpla los acuerdos suscritos por Santos Cerdán y Turull, desde la negociación sobre el referéndum de autodeterminación a la adaptación de la amnistía al lawfare, pasando por los compromisos de refinanciación y condonación de deuda.
Sánchez ha rendido al Estado: hace un par de días, el pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial contra la amnistía fue tildado de pataleta de los jueces conservadores. Ayer, las cuatro asociaciones judiciales, la Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y la progresista Jueces para la Democracia, suscribían al alimón un comunicado denunciando que el acuerdo entre Sánchez y Puigdemont supone en la práctica “someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”. Es probable que en los próximas días Europa se pronuncie en el mismo sentido. Pero es inocente creer que los pronunciamientos judiciales o la censura de Europa ante esta crisis institucional, provocada por las cesiones al independentismo necesarias para la investidura de Sánchez, puedan cambiar sustancialmente la dirección del proceso actual de creciente deterioro de la convivencia en España. Y todo hace pensar que los próximos meses serán un insensato suma y sigue: porque Sánchez y el PSOE -hasta nuevo aviso- van a vivir secuestrados por la voluntad del hombre del 7 por ciento.
