Cataluña: el surrealismo que contamina España
Francisco Pomares
El Pleno del Constitucional trabajó lo suyo ayer: entre otras cosas, admitió a trámite el recurso de amparo del PP de Cataluña contra la decisión de la Mesa de Edad del Parlament de aceptar como válido los votos delegados de Puig y Puigdemont. Los jueces del Constitucional rechazaron sin embargo la solicitud realizada por los diputados populares para que se suspendieran cautelarmente todas las votaciones que incorporaron el voto delegado, incluyendo la formación de la Mesa, que gracias a la participación de Puig y Puigdemont quedó constituida bajo control indepe. La decisión no fue unánime: los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel defendieron la aplicación de las medidas cautelares solicitadas por los diputados del PP y votaron en contra de la mayoría, demostrando nuevamente que la constitucionalidad es en nuestro país una cuestión de mayorías.
El amparo ante el Constitucional fue presentado por la decisión de los partidos indepes de pasarse por el arco de triunfo la advertencia realizada por el Constitucional al Parlament unos días antes de no aceptar el voto delegado. El recurso pedía la suspensión cautelarísima de los acuerdos adoptados por la Cámara, incluyendo la elección de Josep Rull como president, provocando por tanto la paralización provisional de la investidura del nuevo president de la Generalitat.
El constitucional prefirió seguir su propia jurisprudencia, sin entrar a considerar siquiera el agravante de desobediencia. Optó por no entrar en el asunto hasta practicar en los próximos días la audiencia a las partes afectadas.
Es un oportuno precedente, basado en otra sentencia reciente: la de anular la decisión del Parlament de autorizar el año pasado el voto telemático de Puig, después de haber rechazado que lo delegara. En esa sentencia, sin embargo, el Constitucional decidió considerar válidos los acuerdos adoptados gracias a los votos emitidos y posteriormente anulados. El precedente y la mayoría progresista del Tribunal de Garantías, apunta hacia una próxima sentencia que satisfaría al Gobierno Sanchez. Por supuesto, los jueces no van a ir contra su propia instrucción, y anularán el acuerdo de la Mesa de Edad, de mayoría indepe, que autorizó el voto a distancia, pero considerará válidas las decisiones que se produzcan, incluso la hipotética elección del presidente de la Generalitat, gracias al voto anulado. Se trata, sin duda, de una decisión surrealista, que se explicará atendiendo al hecho de que el perjuicio que aplicaría la anulación total sería superior al beneficio obtenido, limitando este a la satisfacción que proporciona la aplicación del buen derecho. Muchos no entenderán una fórmula tan alambicada para justificar la voluntad del Constitucional de no interferir realmente en el desarrollo de los acontecimientos, a pesar de la manifiesta desobediencia a las instrucciones dadas al Parlament por el tribunal y desobedecidas sin consecuencia alguna.
Pero así se escribe la historia. O quizá no. El presidente del Parlament, elegidos gracias a los votos que serán presumiblemente anulados, advertía ayer que probablemente no designará a ningún candidato a presidir Cataluña, dado que ninguno de los dos posibles -Illa y Puigdemont- cuenta con los votos necesarios, ni tampoco se ha ofrecido.
La decisión de Josep Rull supone otra treta: la de ofrecer a Puigdemont más tiempo para que la Fiscalía del Estado resuelva su situación procesal y pueda volver a Cataluña para participar en la investidura como candidato.
Todo lo que ocurre en estos días, incluyendo la instrucción de García Ortiz, de imponer otro grupo de fiscales al Supremo para que elaboren un informe favorable a Puigdemont, apesta a instrumentalización judicial. Sánchez está jugando a dos bandas: por un lado, negocia con ERC un sistema especial de financiación que ha provocado el cabreo de todas las Autonomías, incluyendo las socialistas, y el compromiso de un nuevo referéndum que intentará obviar ese nombre. Por otro Sánchez intenta contentar a Puigdemont con la aplicación de una amnistía a la carta que le permita volver a España sin ser detenido ni incordiado.
Y todo, para mantener un gobierno cautivo que no gobierna y que acabará por implosionar. En cuanto lo decida uno de sus dos socios.
Una política surrealista y tramposa, impropia de una democracia: lo del mamoneo a los jueces recuerda cada vez más a la Hungría de Orbán, pero toda esta irrealidad catalana lo que recuerda es Macondo.
