Antecedentes y preguntas sin respuesta
Francisco Pomares
Ante la presión de las noticias, en la dirección del PSOE destacan ahora que Koldo García Izaguirre no es militante del partido. Pero cómo no explican cuando dejó de serlo, ni si no lo fue nunca, uno se pregunta por qué se le encargó vigilar los avales de Pedro Sánchez para la secretaría general durante toda una noche en vela –lo cuenta el propio Sánchez en su primer libro- o porque lo consideraba Sánchez “un ejemplo para la militancia”. Son contradicciones evidentes en el relato apresurado de estos primeros días, en los que las cosas no cuadran (o no lo parecen) como debieran. Sánchez debe tener algo atrofiado el olfato, porque el ejemplo de los militantes apesta un poco. La historia de las andanzas de Koldo y sus compinches es de traca: desde la afición compulsiva de Koldo a las marisquerías, hasta el rol en Soluciones de Gestión de quien parece su verdadero propietario, el siniestro Juan Carlos Cueto, un viejo conocido de la justicia española, pringado en la ‘operación Defex’ –una trama gigantesca de venta de armamento a Angola que acabó en una estafa de más de cien millones- y en el desvío de esos millones a paraísos fiscales de todo el mundo. Cueto tuvo que pagar cien mil euros de fianza para abandonar la prisión provisional. Sigue pendiente de juicio, con el juez pidiéndole 55 años de prisión.
Pero lo más chocante de esta historia está en que absolutamente nadie –ni en el PSOE ni en ningún otro partido- haya dado la más mínima explicación aún a la decisión de los representantes del PSOE en la Audiencia de Cuentas de Canarias, que decidieran votar en contra de la propuesta de informe sobre las compras a Soluciones de Gestión, que el auditor responsable de la investigación rechazaba de plano.
Antecedentes: Antonio Olivera, responsable del Servicio Canario de Salud cuando se produjeron las compras por valor de 12 millones, ha manifestado estos días estar sorprendido por el hecho de que se investigue a la empresa de los amiguetes de Koldo. El sistema de compra de las mascarillas, aplicando la normativa de emergencia, se realizaba por procedimientos negociados y sin publicidad, a dedo: “Les pedíamos a las empresas que nos hicieran sus ofertas económicas y de material y éstas eran analizadas, se hacía el pedido y si funcionaban bien se seguía trabajando con estos proveedores”. “Me ha llamado la atención este lío” -ha insistido Olivera- porque la empresa siempre funcionó “bastante bien, nunca detectamos nada extraño, estaban bien de precio, traían el material ajustado a lo que se había pedido y tampoco pedían dinero por adelantado como hacían otros proveedores…”
Parece asombroso que el entonces responsable del SCS, hoy jefe de gabinete del ministro Torres, no recuerde que la empresa entregó al SCS 800.000 mascarillas que tuvieron que ser devueltas porque no cumplían con los requerimientos de las autoridades sanitarias para ser consideradas FFP2, es decir, con la homologación que se había adquirido. Y es muy curioso que no lo recuerde, porque fue precisamente el SCS quien exigió a la empresa que las mascarillas defectuosas fueran retiradas y se produjera su reposición por las correctas. Luego la oposición denunció que el contrato no fue resuelto, sino que el Servicio Canario de Salud permitió un apaño: pagaron por las mascarillas chinas inservibles, como si fueran mascarillas quirúrgicas, pero encargaron a Soluciones de Gestión que trajera más FPP2 para sustituir a las que no habían llegado. Se pagaron, meses después, muy por encima de su valor en ese momento, porque se mantuvo el precio ya desfasado de las que no se habían recibido.
Dos años después, la Audiencia de Cuentas de Canarias elaboró su proyecto de Informe de Fiscalización de los Efectos de la Covid-19 en el Presupuesto, denunciando que más del sesenta por ciento de la inversión en mascarillas y Epis se concentró en sólo cuatro empresas, de las que dos, eran sociedades cuyo objeto social no era la venta de material sanitario: “el Servicio Canario de Salud adjudicó la compra de material sanitario a empresas que no consta que hubiesen ni acreditado la preceptiva solvencia profesional o técnica conforme establece la ley, ni tampoco estar capacitadas legalmente para contratar con la Administración, pudiendo estar incursos tales expedientes en causa de nulidad”. En realidad, Soluciones de Gestión ni siquiera estaba en el Registro de Licitadores del Estado.
El informe fue rechazado con los votos de los auditores del PSOE.
Preguntas pendientes de respuesta: ¿Por qué se bloqueó la investigación de la Audiencia de Cuentas? ¿Fue hacerlo una decisión autónoma de los auditores socialistas? ¿Alguien les dio la instrucción? Es obvio que el motivo fue evitar que la investigación prosperara, pero…. ¿Se intentaba evitar que se destapara algo? ¿Se sabía ya que detrás de las compras a la empresa de los colegas de Koldo había mucho que ocultar? Parece que va a hacer falta una comisión de investigación.
