Quejas por las nuevas trabas al sector turístico en Canarias
La Federación Turística de Lanzarote se suma a las críticas de la CEHAT, y del resto de asociaciones sectoriales del país, que exigen el ajuste de la nueva normativa
La Federación Turística de Lanzarote ha querido hacer pública su preocupación por el "caos" que generará la inminente entrada en vigor del Real Decreto 933/2021, que modifica la normativa del registro de viajeros, sumándose así a las críticas de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y de todas las patronales del sector.
La medida afecta entre otros a los alojamientos turísticos, a las agencias de viajes y a las empresas de rent a car, que desde el próximo 1 de octubre tendrán que triplicar el número de datos que solicitan a los clientes para notificarlos a las autoridades. "La normativa, tal como está planteada, impone unas obligaciones desproporcionadas para el sector. No sólo supondrá una sobrecarga administrativa afectando a la operativa de los alojamientos turísticos, agencias de viaje y alquiler de coches, perjudicará la experiencia de cliente a la llegada, por la enorme recopilación de datos que habrá que realizar, sino también genera una gran inseguridad jurídica y responsabilidad para el personal y la empresa que no ocurre en ningún otros país de la UE", ha advertido la presidenta de la FTL y de Asolan, Susana Pérez.
Desde el sector cuestionan que el Real Decreto de 2021, en el que señala que habría un posterior desarrollo por orden ministerial, pero "a fecha de hoy, este desarrollo legislativo no existe, por lo que se produce una confusión generalizada con respecto a qué información sería exigible y a la forma de remitirla".
En concreto, desde la CEHAT señalan que "el sector hotelero, que siempre ha venido colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, llevan años cumplimiento con la ORDEN INT/1922 sobre libros-registro y partes de entrada de viajeros en establecimientos de hostelería, pero nos encontramos con la sorpresa de que tenía que facilitar datos no oficiales y que no aparecen en ninguno de los documentos que portan los viajeros (DNI y pasaporte) tales como forma de pago, números de tarjeta de crédito, teléfono móvil y domicilio real, que hace imposible remitirlos de forma automatizada, obligando a su registro y envío de forma manual y al consiguiente aumento de errores y trabajo desproporcionado de quienes los deben remitir".
Las patronales, confederaciones nacionales del sector, han venido manteniendo distintas reuniones para reclamar cambios en la normativa, pero ante la falta de respuesta a los problemas planteados, se han vuelto a dirigir a los Ministerios de Turismo e Interior, así como a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, exigiendo la revisión y ajuste del Real Decreto para garantizar la proporcionalidad y minimización de datos, así como un largo periodo para la adecuación tecnológica y adaptación de los sistemas operativos de las empresas.
"El Real Decreto no ha sido desarrollado en detalle ni adaptado a las realidades del sector turístico, lo que genera una enorme incertidumbre jurídica. Nos enfrentamos a la obligación de recopilar y enviar datos que ni siquiera están presentes en los documentos oficiales que los viajeros aportan. Esta falta de claridad no solo aumenta la posibilidad de errores, sino que pone en riesgo la eficiencia y la fiabilidad de la información que se le brinda a las autoridades", ha añadido Susana Pérez.
De hecho, desde la CEHAT advierten que esta legislación, que califican de "muy deficiente" y "de imposible aplicación", implicará "la pérdida de la fiabilidad de los datos de los que actualmente disponen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para prevenir los delitos y el terrorismo".
Las principales preocupaciones para el sector, que ha decidido unirse para hacer pública su postura, se centran en cinco puntos:
