Hablemos de asuntos públicos
Marta Armas, directora de Marmas Comunicación
No. No estamos acostumbrados. Al menos en Lanzarote, no lo estamos. Hablar de asuntos públicos, comunicación institucional o lobby suena a algo lejano. Si hiciéramos una encuesta en la calle, la mayoría haría alusión a “la política” e incluso se referiría a ello de forma despectiva o, como poco, con cierta connotación negativa.
Pero, ¿qué es realmente la práctica de asuntos públicos? Según Political Intelligence, es una “actividad profesional cuyo principal objetivo es la defensa de los intereses legítimos de asociaciones, organizaciones o empresas ante las Administraciones Públicas y/o instituciones, trasladando información y conocimiento relevante sobre un sector, una actividad o un colectivo determinados”. En definitiva, lo que pretende esta práctica es participar en el proceso de toma de decisiones, en la elaboración de normativa o en la definición de políticas públicas.
La terminología es variada. Lobby, advocacy, corporate diplomacy, external affairs, relaciones institucionales, comunicación institucional. Todos ellos son términos que se utilizan para hablar de asuntos públicos pero no todo es exactamente lo mismo. Eso sí, parece haber cierto consenso a la hora de fijar “asuntos públicos” como el más preponderante en la actualidad.
Al margen del debate semántico, lo que sí está claro es que cada vez más los gobiernos son conscientes de que no pueden resolver los retos a los que han de enfrentarse sin tomar en consideración a la sociedad civil y al sector privado.
En Lanzarote, como en cualquier otro lugar, ésta debería ser una práctica habitual.
El diálogo entre actores públicos y privados es esencial para la consecución de proyectos empresariales sostenibles a largo plazo. Más allá de partidos políticos en el poder, han de establecerse objetivos claros a medio y largo plazo en pos del futuro de la sociedad.
Sabemos que en general, en España, la palabra “lobby” genera rechazo pero Estados Unidos, la Unión Europea y organismos como la OCDE lo utilizan en sus marcos regulatorios. Ya es hora de que también aquí comencemos a incluirlo en nuestro vocabulario con normalidad, sin miedo.
