Los alcaldes le ganan el primer pulso al Gobierno
El Congreso rechaza la convalidación del polémico real decreto de los remanentes de los Ayuntamientos, que solo ha tenido el apoyo de PSOE y Unidas Podemos
Era un primer pulso, no la guerra, pero esta primera batalla la han ganado los ayuntamientos ya que el decreto ley para el uso de los remanentes de los ayuntamientos, y que crearía un fondo de 5.000 millones para las entidades locales, ha sido rechazado tras no recabar el Gobierno en el Congreso los apoyos suficientes para que siga en vigor.
Esto supone un revés importantísimo para el Gobierno. La clave del enfado de los ayuntamientos era la fórmula ideada para que los municipios pudieran tener acceso a una parte de los 14.000 millones que se han ido acumulando en los bancos, sin que se les permitiera su uso, desde que se aprobara la Ley de Estabilidad Presupuestaria del PP en el año 2012.
La solución que encontró Hacienda, la única, según ellos, era que los Ayuntamientos saneados cediesen voluntariamente de 10 a 15 años sus ahorros al Gobierno, que les compensaría con un anticipo del 35% de sus ahorros entre 2020 y 2021 a fondo perdido. Es decir que no tendrían que devolver. Pero la fórmula no tuvo éxito y provocó la rebelión de alcaldes de todos los partidos salvo los socialistas, aunque en privado numerosos regidores del PSOE entendían el malestar, al considerar la medida insuficiente por los efectos económicos y sociales de la pandemia.
Así las cosas, la oposición ha pedido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que plantee cuanto antes una alternativa al decreto ley de los remanentes municipales para negociarlo y acordarlo, debido a la previsible derogación por el Congreso.
Desde el PP a Cs, pasando por los habituales aliados parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos, prácticamente toda la oposición ha exigido negociar otro decreto ley o un proyecto de reforma legislativa que cambie la ley de estabilidad presupuestaria. Lo que sí ha unido a todos los grupos de la oposición es el voto que sus portavoces han dicho que darán: el "no".
La previsible derogación del decreto es la quinta en democracia en una iniciativa de esas características y la primera que sufre el Gobierno de coalición.
El tramo más tenso del debate lo han protagonizado la ministra y el representante del PP Antonio González Terol, que es secretario de Política Local en el partido. El dirigente de los populares, tras acusar al Gobierno de "chantaje inaceptable" con el decreto ley, aprobado por el Consejo de Ministros en agosto, ha criticado la falta de diálogo en todos los ámbitos, en el municipal y en el parlamentario.
Le ha exigido un nuevo decreto porque los ayuntamientos necesitan ayuda, más en un contexto como el actual, marcado por la crisis económica y social derivada de la pandemia del coronavirus. Montero ha dejado claro, así como la diputada socialista Patricia Blanquer, que no habrá una segunda oportunidad. Esa afirmación la han rebatido los portavoces de los grupos parlamentarios.
La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha pedido otra propuesta, en lo que han coincidido el PNV, Más País, Compromís, JxCat, ERC o Cs. "Se aprende más de las derrotas que de las victorias", ha espetado Joan Baldoví, de Compromís.
El diputado de JxCat Ferrán Bel ha recordado los dos precedentes más próximos: las derogaciones del decreto ley sobre la estiba, del Gobierno del PP, en 2017; y del decreto sobre alquileres, del Ejecutivo de Pedro Sánchez en enero de 2019. Ambos Gobiernos, ha dicho, regresaron con dos alternativas y lograron que el Congreso las convalidara.
