Fin del estado de alarma en España: ahora comienza la incertidumbre
Canarias pretende alargar las restricciones hasta el próximo 31 de julio
Desde las 00.00 de este domingo, España ya no vive en estado de alarma. La peor crisis sanitaria, social y económica que jamás ha existido en el país se adentra este domingo en una nueva desescalada que esta vez debe marcar el declive definitivo de la pandemia.
Las comunidades autónomas se quieren dar al menos 100 días para empezar a recuperar los espacios sociales y vitales perdidos desde marzo del año pasado. Otras, como Canarias, aún no quieren adentrarse en esta nueva fase de la desescalada. De todos modos, los expertos afirman que hará falta al menos un año para alcanzar completamente la normalidad perdida.
Se espera que las incidencias estén a mitad de agosto por debajo de los 25 casos por 100.000 habitantes y la mortalidad haberse desplomado gracias a la vacunación masiva, que por entonces habrá protegido a cerca del 70% de la población. Pero, antes, el sistema político y judicial debe demostrar que es capaz de evitar el caos del pasado verano cuando sean necesarias restricciones que afecten a derechos fundamentales, como el toque de queda y los confinamientos.
Por ahora, la situación epidemiológica sigue preocupando a los expertos porque aún tenemos demasiados casos. Ya hace una semana que las curvas de nuevos positivos y hospitalizaciones consolidaron su tendencia a la baja, aunque ocho comunidades seguían este viernes por encima de los 200 casos por 100.000 habitantes.
La sanidad española ha administrado en la última semana casi tres millones de dosis de vacunas. Frente a las incertidumbres que abre el nuevo escenario, el sólido avance de la campaña de inmunización es para todos los especialistas la mejor noticia. Más de 13 millones de españoles (casi el 30% de la población) han recibido al menos una dosis, y cerca de la mitad de ellos ya ha completado la pauta. Unas cifras que, si se tiene en cuenta el ritmo previsto de llegada de nuevas vacunas —más de 20 millones antes del 30 de junio, cinco de ellas monodosis de Janssen, y más de 60 millones antes del fin de verano—, despejan las dudas de que el Gobierno pueda cumplir su objetivo de haber inmunizado en agosto al 70% de la población.
El número de españoles que han pasado la infección por coronavirus se acerca a los 3,6 millones de personas, según el balance diario que ofrece el Ministerio de Sanidad. Esta cifra podría ascender en realidad hasta casi seis millones de personas, según los sucesivos estudios de seroprevalencia. En todo caso, y sumando a ellas todas las personas vacunadas, “más de la mitad de la población aún es susceptible de contraer el virus”.
El Gobierno ha optado, mediante un real decreto-ley aprobado el pasado miércoles, por que sea el Tribunal Supremo el que, en caso de conflicto, decida mediante un procedimiento rápido qué derechos fundamentales pueden restringirse según la evolución epidemiológica. Una solución que ha sido criticada por los propios jueces del tribunal. En los últimos días, el choque de criterios en las decisiones de los tribunales superiores del País Vasco, Baleares y Comunidad Valenciana anticipa conflictos.
Tras meses de restricciones y con mucho cansancio acumulado entre la población, lo que más temen los expertos es que se impulsen unas dinámicas sociales peligrosas que las comunidades, por falta de voluntad política o ausencia de herramientas adecuadas, no logren frenar.
