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Los peligros de topar los precios de los alquileres: bajada de oferta y subida de precio

Ya ha ocurrido en Barcelona y está empezando a ocurrir en el País Vasco

 

  • Lancelot Digital
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    Continúan buscándose soluciones para solventar uno de los mayores problemas que existen en Canarias y, por ende, en Lanzarote; la crisis habitacional.

     

    En este contexto el PSOE de Lanzarote recientemente se ha pronunciado para defender una de las posibilidades que ofrece la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y sería topar los precios de los alquileres.

     

    Sin embargo, especialistas y analistas del sector, apuntan que esta medida que defiende la diputada socialista, María Dolores Corujo, conseguiría empeorar las cosas, es decir, descendería la oferta y aumentarían los precios como ya se ha visto en Cataluña y País Vasco.

     

    Sergio Cardona, analista del Observatorio del Alquiler URJC, señala que “esta medida genera el efecto contrario, ya lo hemos visto en Cataluña y lo estamos empezando a ver en el País Vasco. Ahora mismo en ciudades como Barcelona apenas hay viviendas en alquiler residencial, la mayoría se han pasado al alquiler de temporada”, señala, apuntando que no están reguladas por el índice de precios que allí existe y “las que sí lo están, prefieren el alquiler de temporada”.

     

    Y al caer la oferta, aumenta el precio de las que quedan.

     

    Por este motivo, también muchos inmuebles salen del régimen convencional para incrustarse directamente en el vacacional. Principalmente esto ocurre por protección ante okupaciones y seguridad para los propietarios. Tanto es así que a día de hoy en Canarias existen 63.000 viviendas vacacionales según el Registro General Turístico, pero sólo 43.000 de ellas, según el ISTAC, se encuentran activas en este mercado.

     

    Es decir, en Canarias, más de 20.000 viviendas están vacías, con licencia turística, pero sin actividad conocida, buscando el amparo y la seguridad del mercado vacacional frente a la inseguridad y desprotección que ofrece la Ley de Vivienda de Pedro Sánchez, norma que defiende Corujo a través de comunicados.

     

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