Las cuatro gotas caídas en Arrecife ponen a prueba el campamento ilegal de inmigrantes
La alcaldesa de Arrecife insta a Interior a su desmantelamiento porque "no reúne las garantías para poder atender y acoger a las personas con seguridad y dignidad"
Apenas ha llovido aún en Arrecife, pero el campamento de inmigrantes ubicado frente a la comisaría de la Policía Nacional ya acusa recibo y pueden verse los charcos y las malas condiciones en que empieza a encontrarse el mismo.
La alcaldesa de Arrecife y presidenta de los populares en Lanzarote, Ástrid Pérez, no ha tardado en reaccionar señalando que la situación podría complicarse mucho si llueve copiosamente y exigiendo su desmantelamiento.
Pérez señala que las escasas lluvias caída constatan lo que ella lleva denunciando desde hace casi un mes en base al informe elaborado por el coordinador municipal de Protección Civil en la capital.
El informe, elaborado el pasado mes de octubre a instancias del concejal de Urbanismo en el Consistorio, Eduardo Placeres, resolvía que "las instalaciones donde se prevé que irá el CATE no son las más idóneas, porque pueden concurrir diferentes riesgos". En este sentido el documento alertaba del riesgo de inundaciones por precipitaciones, riesgos asociados a la posible presencia de grupos electrógenos y también riesgos por vertidos de aguas residuales provenientes de una estación de bombeo situada en las proximidades.
Ante la contundencia de este informe donde se alertaba de forma inequívoca de los riesgos que finalmente se han producido, la presidenta de los populares lanzaroteños y parlamentaria regional, Astrid Pérez, insiste, nuevamente, en la "necesidad de que el Gobierno del Estado proceda a su desmantelamiento urgente, habida cuenta de que dichas instalaciones no garantizan ni la seguridad ni una atención y acogimiento dignos para las personas".
"Al margen de que la instalación es ilegal, de que el Ministerio de Interior no ha solicitado los permisos pertinentes y de que el titular del terreno es realmente la Autoridad Portuaria, lo que todos hemos podido constatar hoy es que ese emplazamiento es completamente inviable y que el Gobierno debe ponerse a trabajar ya en la búsqueda de una solución", recalca Astrid Pérez.