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Dictado el auto de apertura de juicio oral para la pieza 12 del “Caso Unión”

La jueza impone fianzas de entre 10.000 y 718.00 euros a nueve de los catorce acusados por el presunto cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife

 

Texto y foto: Lancelot Digital

 

La magistrada titular del Juzgado número 5 de Arrecife ha dictado el auto de apertura de juicio oral para la pieza 12 del “Caso Unión”, la referida al presunto cobro de comisiones ilegales por parte de miembros del PIL en el Ayuntamiento de Arrecife. La jueza impone fianzas de entre 10.000 y 718.00 euros a nueve de los acusados.

 

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Las Palmas acusa a la formación insularista de malversar 130.000 euros en dos años. Para Dimas Martín se solicita la pena más dura, de 17 años de cárcel, por asociación ilícita, cohecho, falsedad, fraude,información provilegiada y malversación. El ex concejal de Urbanismo, Ubaldo Becerra, también se enfrenta a 17 años de prisión por los mismos delitos.

 

Además, el fiscal pide penas de cárcel para otras 12 personas. En el caso del ex concejal de Parques y Jardines, Antonio Machín, se solicitan 14 años de prisión, por cohecho, malversación, prevaricación, falsedad y fraude. Los mismos delitos de los que se acusa al ex edil de Hacienda, José Miguel Rodríguez, para quien sin embargo sólo se solicitan cuatro años y seis meses de cárcel, ya que confesó y devolvió parte del dinero. Quien también confesó fue Matías Curbelo, el administrador de la campaña del PIL y, por ello, el fiscal sólo pide un año y cuatro de meses de cárcel para él por los delitos de asociación ilícita, cooperación en cohecho y financiación irregular.

 

El interventor de Arrecife, Carlos Sáenz, se enfrenta a siete años y medio de prisión, mientras que para la hija de Dimas Martín, Elena Martín, ex jefa de contratación del Ayuntamiento, se piden cuatro años por prevaricación, relevación de información y fraude. Los mismos años se piden para Juan Rafael Arrocha, ingeniero municipal, mientras que Antonio Cárdenas, ingeniero de caminos se efrenta a una pena de dos años y cuatros meses.

 

Por último, entre los imputados se encuentran varios empresarios de la isla a los que también se les pide años de cárcel.

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