"Cada día se okupan más de 40 viviendas en España, 15.000 anuales"
Expertos jurídicos señalan que el marco legislativo actual favorece la ocupación y piden que se cambie el relato
El Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España, con motivo de la celebración de sus 75 años de historia y el desarrollo de su VIII Congreso Nacional API en Ávila, ha celebrado diversas mesas redondas, en la que ha destacado la de expertos en el panorama jurídico, que han analizado la regulación del mercado inmobiliario, el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas y las claves para poner fin a este problemática económica y social.
El debate ha sido moderado por Montserrat Junyent, vicepresidenta de la patronal inmobiliaria FADEI, y ha contado con la participación de María Pastor, decana del Colegio de Abogados de Mataró; José Merino, asesor jurídico del Consejo General; Carles Sala, portavoz y asesor jurídico de los API de Catalunya; y Cristina Vallejo, socia directora de VPG Abogados.
María Pastor ha lamentado que "el marco legislativo actual acaba favoreciendo a la ocupación ilegal de viviendas en España". En este sentido, la experta ha subrayado que este fenómeno "se ha ido extendiendo como una mancha de aceite". "En todas las autonomías, a excepción de la Comunidad de Madrid, las cifras han ido en aumento de forma preocupante. De hecho, cada día hay más de 40 ocupaciones ilegales de vivienda en España, alrededor de 15.000 al año".
José Merino ha ido en la misma línea y se ha mostrado contundente: "El panorama es desolador. Desde mafias hasta un manual del okupa, pasando por tácticas de delincuencia como la llamada 'técnica Telepizza' para adecuarse a las lagunas legislativas actuales. O el legislador da garantías jurídicas al propietario o el mercado del alquiler en España se va a acabar".
Carles Sala ha analizado el concepto de 'gran tenedor', que afecta a toda España y no sólo sobre la contención de las rentas. "Es un elemento fundamental para la recuperación de viviendas ocupadas ilegalmente, pues el procedimiento cambia en función de si el propietario afectado es considerado gran tenedor o no". El experto ha puesto sobre la mesa la necesidad de "cambiar el relato sobre la okupación". "Ya hemos conseguido que la ciudadanía no la acepte y la considere un delito, ahora hemos de conseguir que se favorezca la recuperación inmediata de la vivienda para proteger a los propietarios", ha concluido.
Por su parte, Cristina Vallejo, ha asegurado que "urge recuperar la seguridad jurídica en el mercado de la vivienda". "La Ley de Vivienda no sólo no ha puesto freno al auge de la ocupación ilegal, sino que la ha blindado. Hoy, si un pequeño propietario recupera su vivienda ocupada ilegalmente a los 7 meses se ha de considerar afortunado".
Vallejo ha añadido que "por suerte, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional que un okupa considerado vulnerable tenga derecho a un alquiler social por encima de una familia que ha hecho bien las cosas y ha estado tres años en una lista de espera para acceder a esta clase de arrendamiento".
