Un lustro de promesas y 3.300 viviendas públicas como único hecho
Si hay un problema que trae de cabeza a los españoles es el de la falta de vivienda, problema agravado aún más si cabe tras la pandemia, ya que los ciudadanos sintieron la necesidad de contar con casas más espaciosas por si algo así volvía a repetirse. Tanto la derecha como la izquierda han agarrado al vuelo el lance de la ciudadanía, ofreciendo diferentes propuestas, mientras Feijoó habla de liberalizar suelo, bajar impuestos en compra de segunda mano, rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales, de ampliar avales hipotecarios o de un plan antiokupas, Sánchez ha lanzado medidas más intervencionistas.
De hecho, el presidente del Gobierno ha anunciado 12 medidas para frenar el problema de la vivienda en España y choca que, tras anunciar hace cinco años la construcción de 50.000 viviendas, anuncie ahora, pasados seis años y medio de gobierno, la transferencia de 3.300 viviendas y, eso sí, dos millones de metros cuadrados de suelo residencial a la recién creada empresa pública de vivienda.
Lo cierto es que las promesas que llegaron junto al Plan de Vivienda 2020-2025 (que hablaba de más de 20.000 actuaciones en esta materia), junto con las famosas 50.000 viviendas que arreglarían el problema del país, se quedaron en eso, en promesas, en titulares llamativos que no llegaron a nada. Ahora, más de un lustro después lo único que se ha puesto sobre la mesa en realidad, han sido esas 3.300 viviendas, y eso sí, más titulares y nuevas medidas prometedoras.
Entre las nuevas promesas se incluye la incorporación de 30.000 viviendas de la Sareb, o banco malo, en los primeros seis meses de 2025. Rezamos para que así sea, pero lo cierto es que vuelve a sonar a bomba de humo efectista.
La gran preocupación del gobierno es la falta de oferta disponible y la subida de precios continua de los últimos años. Lo cierto es que ambos problemas han sido potenciados, por no decir causados, por una Ley de Vivienda socialista que desprotege al propietario y beneficia a los okupas. La gran mayoría de los tenedores prefiere no alquilar a arriesgarse a que le okupen la casa.
Sánchez habla de limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes y de endurecer la regulación que persiga el fraude en los alquileres de temporada, así como la creación de un fondo para que los gobiernos refuercen las inspecciones. Pero de proteger a los pequeños propietarios no dice nada.
Quiere además una reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como un negocio y cambiar el régimen de ventajas fiscales que tienen las llamadas SOCIMIS para que solo se aplique a quienes se dediquen a la promoción de vivienda en alquiler asequible.
Lo cierto es que todo parece anunciar una nueva vuelta de tuerca, más promesas, más titulares llamativos, más obligaciones para los propietarios, indefensión judicial y, probablemente, pocas soluciones reales. Los propietarios de las viviendas necesitan seguridad y un Estado que defienda sus intereses ante una ocupación creciente y no perseguida por la Ley. Cuando Sánchez comprenda que es más efectivo solucionar los problemas que existen que seguir prometiendo y prometiendo, puede que la cuestión de la vivienda deje de ser una de las grandes preocupaciones de los españoles. Hasta entonces, seguiremos leyendo titulares.
