Pérez insiste en la "necesidad urgente" de regularizar el alquiler vacacional en suelo turístico
La parlamentaria del PP denuncia la dilación del gobierno de Canarias a la hora de reformar el decreto
La parlamentaria lanzaroteña del PP ha vuelto a insistir en la necesidad de que el Gobierno regional afronte cuanto antes la reforma del decreto que regula el alquiler vacacional en suelo turístico porque, asegura, "no se puede seguir dando la espalda a un modelo alojativo que escogen más de 3,5 millones de turistas".
En su intervención en el Parlamento, Perez criticó "que el ejecutivo lleve más de de dos años comprometido con una reforma que no termina de llegar y que tiene en vilo al 90 por ciento de las viviendas vacacionales que existen en islas". "Lo único que hemos visto del Gobierno de Canarias en este tiempo son falsedades y excusas para evitar afrontar la modificación del decreto", señaló.
Según Perez, "obviar la existencia de viviendas vacacionales en suelo turístico, no es una alternativa". "Es imposible tapar el sol con un dedo como ha hecho el Gobierno de Canarias al dejar fuera a estas viviendas e ignorar que el 48% de las camas vacacionales, más de 60.00 plazas, se sitúan precisamente en suelo turístico y al margen de la normativa. Hasta hace pocos años los beneficios económicos del sector alojativo se repartían solo entre unos pocos y el alquiler vacacional, con una buena regulación, es una forma que permite democratizar esos beneficios", aseguró.
La parlamentaria popular recordó que, según los propios estudios de la Consejería de Turismo, está modalidad turística mueve en Canarias más de 500.000 millones de euros, lo que evidencia que en las islas "hay mercado para todos".
Ástrid Perez defiende que la convivencia entre el sector hotelero y el alquiler vacacional en zonas turísticas es "perfectamente compatible" porque, entre otros aspectos, "se trata de ofertas alojativas muy distintas, y una vivienda vacacional no es competencia para un establecimiento de cuatro o cinco estrellas".mPérez aseguró que ha pasado tiempo más que suficiente para que el Gobierno articule la legalización de estas viviendas y acusó al Ejecutivo de "demorar y defender los intereses de un único operador económico por encima del interés de todos".
