El Gobierno de Canarias recurrirá la sentencia que anuló el decreto del alquiler vacacional
Los Servicios Jurídicos consideran que en la misma se observan razonamientos jurídicos que conducen a un fallo anulatorio que consideran no ajustado a Derecho
El Gobierno de Canarias deberá recurrir la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, a instancias de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas de Uso Turístico y Apartamentos Turísticos (FEVITUR) y la Comisión Nacional de Los Mercados y la Competencia, impugnando el Decreto por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado en el 2015.
Para los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, en dicha sentencia se observan razonamientos jurídicos que no comparten y que conducen a un fallo anulatorio que consideran no ajustado plenamente a Derecho, lo que les lleva a recomendar la presentación del mencionado recurso; algo que, por otra parte, es práctica habitual de la administración pública cuando existen sentencias contrarias a sus disposiciones normativas.
Entre los argumentos que han dado lugar a dicha recomendación está la necesidad de intentar evitar inseguridad jurídica mientras no se ordene adecuadamente los diferentes modelos de explotación turística que eviten competencia desleal en el sector.
La Comunidad Autónoma de Canarias tiene la competencia exclusiva sobre la promoción y la ordenación del turismo en el ámbito territorial de la propia Comunidad, y ejerce la potestad legislativa, tanto desde el punto de vista de la actividad como de los establecimientos donde se desarrolla la misma y para regular la oferta turística concibiendo Canarias como una 'unidad de destino turístico'.
La CAC ha venido ponderando las razones de carácter general que deben prevalecer a la hora de definir su modelo turístico. Esas razones se refieren a la fragilidad de nuestro territorio, la protección del medio ambiente y de nuestros recursos naturales, las de seguridad pública, íntimamente ligadas a la capacidad de carga en cada una de las zonas de nuestro territorio, y las de protección de los derechos de los consumidores.
La necesidad de garantizar el desarrollo turístico obliga a matizar, el razonamiento del TSJC que conduce a la más amplia liberalización de la actividad de vivienda vacacional, pudiéndose implantar, sin límites, en cualquier parte del territorio de Canarias.
El Gobierno de Canarias lleva tratando, hasta ahora sin éxito, de consensuar con los agentes turísticos mejoras en el Decreto que, asumidas por todas las partes, evitaran la sucesión de demandas y recursos.
No obstante, el Ejecutivo anuncia junto con la presentación del recurso, que seguirá tratando de lograr acuerdos que salven las principales discrepancias y permitan consolidar un modelo turístico sostenible y de calidad; en este sentido, convocará de manera inmediata cuantas reuniones sean necesarias para ello.
