Un país a la deriva
Francisco Pomares
Con la reforma del Código Penal, aprobada el jueves por 184 votos y sin la participación de la derecha, no sólo desaparecen los delitos de los políticos catalanes que fueron condenados por el Tribunal Supremo en 2019 por sedición. También se rebajan las penas del delito de malversación (siempre que esta no implique lucro personal directo, es decir, cuando la malversación no se haya producido con interés de enriquecerse personalmente), lo que significa que –además de dejar sin efecto los procedimientos abiertos contra los políticos y funcionarios de la Generalitat por forzar ilegalmente la independencia- también desaparecen mágicamente las penas por malversación que impedían a cuatro de los nueve indultados por el Gobierno poder presentarse a las próximas elecciones generales o regionales. En plata, la reforma del Gobierno liquida cualquier responsabilidad penal de quienes intentaron la creación de una república catalana, imponiendo un referéndum ilegal financiado con el dinero de todos los catalanes. Es probablemente la primera vez en la Historia que un Gobierno elegido democráticamente legisla contra los intereses del Estado.
Para hacerlo, Sánchez ha sorteado con una deriva más indecente que filibustera todos los mecanismos legales establecidos por la Constitución: ha procedido a la reforma de cuatro leyes orgánicas recurriendo a una proposición de ley conjunta del PSOE y Podemos, que evita –por no ser un proyecto de ley, sino un mecanismo legal de menor rango- los preceptivos informes del Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial, que la Constitución establece para proceder a la reforma de leyes orgánicas.
Con esta reforma del Código Penal, materializada ayer, se suprime el delito de sedición, sustituyéndolo por el de desórdenes públicos, y se reducen las penas por malversación impropia. La proposición de ley, modifica además las leyes orgánicas del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y de Libertad Sexual. Sánchez no sólo se ha pasado la advertencia de los letrados del Congreso de los Diputados, que han señalado la absoluta antijuricidad del procedimiento elegido para modificar leyes que desarrollan la Constitución –por eso se califican de orgánicas y son las de mayor rango legal- de golpe y por el procedimiento de urgencia. Se trata de una técnica que deslegitima las decisiones que adopta el Parlamento, rompe por primera vez en España el consenso judicial sobre la aplicación de las leyes, y provoca una ruptura con el ordenamiento Constitucional, forzada por mayoría simple, y con muy graves restricciones para el ejercicio de la oposición parlamentaria.
Un Gobierno podemizado, cada día más entregado a un uso impropio, interesado y torcido de los poderes que la Constitución le confiere, ha reventado todos los controles para evitar que este tipo de comportamientos se puedan producir, provocando la quiebra de autoridad del Tribunal Constitucional, bloqueando al Consejo General del Poder Judicial –ese que antes querían renovar con urgencia- y forzando lo que definen como una “política de normalización en Cataluña” que no es tal, sino una rendición: la del Estado ante el chantaje independentista. Un ex ministro del Gobierno, Salvador Illa, colocado al frente del socialismo catalán por digital decisión de Sánchez, amenizaba la crispación frentista en el Congreso, adelantando que el PSOE apoyará la celebración de una ‘consulta’ en Cataluña. ¿Una consulta? Se refiere al mismo referéndum que hace unos años llevó a los socialistas a votar por aplicar el artículo 55 y suspender la Autonomía catalana.
Lo más asombroso de todo es que esta aberración de ahora no responde más que al deseo de Sánchez y su tropa de mantener las prebendas y canonjías de las que hoy disfrutan. Básicamente, de lo que se trata es de seguir en el poder: es por eso el Gobierno se pliega al chantaje de Esquerra Republicana, que hacía coincidir la mayor crisis constitucional vivida en España desde la aprobación de la actual Carta Magna con el anuncio de que se celebrara de nuevo el referéndum para la autodeterminación de Cataluña. No será necesario que este a favor de la independencia la mita de la población. Será suficiente que participen en él la mitad de los catalanes, y apoyen la independencia el 55 por ciento de los que voten. Es el modelo de referéndum que Montenegro utilizó en 2006 para separase de Serbia.
