Un mayo caliente
Francisco Pomares
El presidente Torres consideró ayer extraño que se convoque una huelga de médicos para el próximo 8 de mayo, ya metidos en campaña electoral, y apenas a dos semanas de que su Gobierno finalice su mandato. Torres cree que lo normal habría sido que las reivindicaciones salariales y laborales se le hagan a un Gobierno con tiempo de atenderlas, y no a uno que tiene “limitadas sus posibilidades” de resolver el problema. Torres no es un ingenuo: lleva años en esto para saber que las protestas y conflictos se producen siempre cuando tocan, y las que tocan al final de una legislatura suelen tener más fortuna y son atendidas antes que otras…
Lo curioso es que el lamento presidencial por la intención de los médicos huelguistas se produce precisamente después de que los negociadores, tras la espantada de Sanidad el 4 de abril, pidieran a Torres ejercer de mediador en el conflicto. Hasta llegar a esa fecha, y después de casi una decena de encuentros y reuniones entre los médicos y Sanidad, se habían logrado bastantes avances, hasta el extremo de que los médicos creían –o eso han dicho- estar cerca de una solución negociada.
Fue la negativa de Sanidad a avanzar más, la que ha provocado que se mantenga la convocatoria de paro para el 8 de mayo que tanto sorprende a Torres. Pero más que sorpresa, lo que Torres debería sentir es preocupación por un mayo que amenaza calentarse con una sucesión de conflictos laborales en la Administración. Y no sólo por el paro en la Sanidad. También por la decisión del comité de huelga de los funcionarios de Justicia que ayer anunció seis nuevas jornadas de huelga para presionar al Ministerio. En este caso se trata de una huelga de carácter nacional, en la que a Torres no le toca tener que negociar, pero que va a provocar sin duda retrasos, molestias y enfados a los ciudadanos de las islas con asuntos pendientes de resolver en los tribunales. Desde hoy, se suspenden los paros diarios entre las diez de la mañana y la una de la tarde, horas claves del día en la administración de Justicia, que han producido el bloqueo de cuatro millones de expedientes judiciales y la suspensión de decenas de miles de juicios. Esos paros se sustituyen por jornadas completas de huelga a partir del día 4, del 9 al 11 y del 16 al 18, si es que a partir del día 16 no se decide lanzar una huelga indefinida, como amagan ya algunos sindicatos. Se produzca o no la huelga definitiva, son centenares de miles de horas de trabajo perdidas en una de las administraciones más colapsadas del país, y en la que los retrasos pueden tener consecuencias irreversibles al hacer decaer miles de procedimientos.
La convocatoria de estas jornadas de huelga, en la que se espera participen todos los funcionarios de los juzgados y sus jueces y fiscales, pero también los abogados que trabajan para la Administración, se produce menos de un mes después de que la ministra Pilar Llop cerrara un acuerdo con los letrados de Justicia, que contempla un incremento salarial de alrededor de 450 euros al mes.
Y es probablemente ese acuerdo el que ha animado ahora una reclamación similar del resto de los funcionarios: lo que piden es que se reconozca por Justicia el trabajo real que hacen los empleados de juzgados y tribunales. Lo que denuncian es que mientras la ley establece que son los letrados judiciales quienes deben tramitar los procedimientos, lo que realmente sucede es que son los trabajadores de los juzgados quienes se lo curran, y por eso vienen pidiendo una subida salarial lineal de entre 350 y 400 euros, inferior a la lograda por los letrados. Se trata de una reivindicación que se arrastra desde hace ya dos décadas, pero que ha vuelto a activar con inesperada fogosidad después de que Justicia aprobara las subidas a los letrados, dejando al margen de la subida a más del noventa por ciento de los 50.000 funcionarios de Justicia.
Un viejo refrán asegura que “niño que no llora no mama”. Tras el acuerdo de Justicia con sus letrados, nadie quiere quedarse atrás. Y la gente ha aprendido que este tiempo electoral –al contrario de lo que cree Torres- es el mejor para lograr que el Gobierno se ablande. A fin de cuentas, ceder a las reivindicaciones laborales de médicos o funcionarios de Justicia sólo supone un apretón más del déficit público. Después de subir alegremente y por decreto los salarios privados, hacer algunas concesiones en los públicos es sólo cuestión de engordar el déficit. Nada que resulte muy importante si se compara con perder unas elecciones.
