Se trata de prioridades
Francisco Pomares
La política es sobre todo una cuestión de prioridades. En épocas de abundancia, los gobiernos acaban creyendo que pueden hacer lo que quieren, gastar a espuertas, pero a las etapas de gasto diarreico e irreflexivo le siguen siempre períodos de encarecimiento del coste del dinero y de inflación, como la que estamos viviendo ahora. Uno entiende que en tiempos de bonanza y alegría los gobiernos se olviden de lo que va venir después, eso les ocurre a todos, sean de izquierdas, de derechas o de género fluido. Cuando se estrechan los márgenes de actuación, las políticas que pueden hacerse se comprimen dentro de esos márgenes, y las diferencias reales entre lo que hace la izquierda y la derecha tienden a reducirse, a veces hasta el extremo de desaparecer en la práctica. Quedan reducidas al discurso, ese discurso que se adueña cada vez más de la política, cuando esta no puede debiera ser sólo discurso, debe ser también actuaciones. Escucho hoy que la viceconsejera de Justicia del Gobierno floral se ha comprometido a resolver la falta de recursos en cuatro juzgados canarios, entre ellos el que se ocupa del principal caso de corrupción surgido en esta legislatura, el del Tito Berni. Promete hacerlo a partir de junio. ¿A partir de junio? ¿Cómo sabe la viceconsejera de Justicia que estará en el Gobierno a partir de Junio? Podrían cambiarla incluso en la hipótesis de que el Gobierno siga siendo parecido al que está ahora. Eso es puro discurso. Compromete a lo mismo que compromete la declaración de Sánchez sobre las viviendas que va a construir, lo mismo que aquellas 199 medidas que el PSOE se comprometió a cumplir en 2019, hace cuatro años, si llegaba al Gobierno de Canarias. Por ejemplo, prometió reducir la lista de espera de la Dependencia en un 90 por ciento, y reducir también las de los servicios de Salud de toda Canarias. Y construir más viviendas de protección oficial. E invertir en Educación el cinco por ciento del PIB. Y elaborar un plan Estratégico para impulsar la productividad en Canarias, y los transportes públicos como la metroguagua de Las Palmas, aún sin inaugurar. Ni una sola de esas promesas o compromisos se cumplió. Pero no es que el Gobierno no hiciera nada, es que optó por otras prioridades, también incorporadas en las 199 medidas de su programa electoral: la de aumentar los presupuestos en Educación, Sanidad y Políticas Sociales un cinco por ciento a lo largo de la legislatura. Eso lo cumplieron, aunque gastar más no sirvió para resolver los problemas en Educación, ni para bajar las listas de espera en Sanidad o llevarlas al diez por ciento en Dependencia. Sirvió para cumplir otra de las 199 medidas: crear más puestos de trabajo en la administración pública. Eso sí fue una prioridad, y ahí se lucieron. Hoy se gasta mucho más en más personal público que hace cuatro años. Porque esa sí era una prioridad del Gobierno de Torres.
No lo son otras cosas. Por ejemplo, la gratuidad de los libros de texto. Va en serio: el Gobierno regional ha reducido –el pasado mes de marzo y a la zorruna, sin la más mínima explicación pública de la medida- la partida destinada a ayudas a las familias para la adquisición de libros de texto desde los 7,3 millones de euros a 4,3 millones. Una reducción ¡¡¡de más del 40 por ciento!!!
Y para poder gastarse menos en libros de texto, el Gobierno ha decidido que sólo puedan acceder a los libros gratis que prestaba antes el colegio los hijos de familias que ingresen menos de 11.520 euros anuales. El límite estaba fijado antes en 16.675 al año. A partir de ahora, una familia, donde el padre o la madre cobró en 2021 el salario mínimo interprofesional -965 euros por 14 pagas, 13.510 euros al año- se queda sin libros de texto para sus hijos. También se quedan fuera las familias de cuatro miembros –una madre y tres hijos, por ejemplo- que vive gracias al Ingreso Mínimo Vital, 11.955 euros, porque también ese ingreso supera los 11.520 euros anuales de renta.
El Gobierno es perfectamente consciente de lo que hace con esta rebaja. Por eso establece un sistema burocrático y miserable para que algunos puedan escapar de la medida: presentar un humillante certificado de situación familiar crítica. Ya me dirán si no es suficientemente crítico sostener tres hijos con 12.000 euros. Pero reducir el gasto en libros de texto para niños cuyas familias no pueden permitirse comprar los libros es una prioridad del Gobierno de Torres. Como lo es, del de Sánchez, entregar 400 euros a todos los jóvenes que cumplen 18 en este año electoral. Para que se lo gasten en juegos de ordenador. SE trata de prioridades.
