Se acabó el baile
Francisco Pomares
Llegó por fin la revancha de los frugales. Alemania y su club de países cumplidores han logrado imponer sus tesis. La Comisión Europea, introducirá medidas adicionales para recuperar la confianza y la tranquilidad en los países con disciplina fiscal. Esto de que los Pigs y manirrotos del sur gasten como si no hubiera un mañana tenía que acabarse alguna vez. A partir de la propuesta que ahora se discutirá formalmente por todos, pero que cuenta ya con el beneplácito oficioso de la mayoría. La idea es introducir algunas medidas de salvaguarda adicionales: los países cuyo déficit supere el tres por ciento, tendrán que aplicar ajustes presupuestarios, de al menos medio punto del PIB, y eso todos los años, hasta que logren domar su déficit y colocarlo por debajo del tres por ciento. Y no se van a permitir trampantojos con las cuentas: la deuda pública tendrá que ser menor cuando acabe el período cubierto por el plan y mantenerse así al menos diez años.
El objetivo de reducción del déficit y la deuda es la conclusión esperada de un largo período de reflexión que comenzó antes de la pandemia y que –aunque se dejó de lado durante esta-, se ha retomado de nuevo en 2022, cuando la crisis sanitaria ya no es una urgencia a vida o muerte, y los países desarrollados pueden ocuparse de nuevo de evitar el despendole económico. Los valores de referencia, planteados por el Ecofin, deben mantenerse por debajo del tres por ciento para el déficit y el 60 por ciento para la deuda. Berlín ha logrado que esos valores no puedan ser modificados en los próximos años, y también que la Comisión publique una ‘trayectoria técnica’ exclusiva para cada país, destinada a conseguir que la deuda se reduzca y el déficit se sitúe por debajo del tres por ciento. Los países estarán obligados a presentar informes anuales de situación, y si se salen de los limites previstos, y no cumplen con las reformas necesarias para hacer viable el menor gasto comprometido, la Comisión podrá reducir el tiempo concedido para cumplir con el ajuste presupuestario. Podría decirse que se acabó el baile, que vuelve la disciplina fiscal, y que concluye la orgía de gasto que ha caracterizado a la mayor parte de los países de la Europas del Sur durante la pandemia y estos dos últimos años, gracias sobre todo a la extraordinaria generosidad europea.
España es uno de los países más favorecidos por esa generosidad, y también uno de los que más se ha endeudado, con una política que recordaría al ‘gratis total’, si no fuera por el extraordinario crecimiento de la presión fiscal sobre el trabajo y el consumo que se ha producido estos últimos años.
Por eso sorprende el cinismo con el que la medida -que probablemente comenzará a hacerse notar de manera contundente hacia finales de 2024- ha sido saludada por la ministra Calviño. Su ministerio ha considerado “una buena noticia” que la Comisión Europea ponga sobre la mesa una propuesta de nuevas reglas fiscales, y se ha comprometido a que la inminente Presidencia Española trabaje para lograr consensos y lograr un acuerdo inspirado en los compromisos del Ecofin del pasado mes de marzo, para “reforzar la sostenibilidad fiscal con una reducción gradual de la deuda compatible con el crecimiento y la creación de empleo”. Palabra de ministra.
Lo cierto es que el pasado 2022 el déficit público en España se situó en 63.776 millones de euros, el 4,81 por ciento del Producto Interior Bruto, un porcentaje que sitúa nuestro país en el puesto 119 de 192 países. El año anterior, el déficit registrado fue de casi 83.000 millones, el 6,97 por ciento del PIB. El Gobierno está contento de haber logrado esa reducción, aunque no debería atribuirse a una mejor gestión de los dineros públicos, sino al crecimiento del PIB. En 2022 fue de 1.328.922 millones, creció 122.080 por encima de 2021. Y lo que explica la mejoría de los datos de 2022 sobre los de 2021, es que los cambios en el PIB afectan al porcentaje de déficit sobre el PIB, en sentido inverso.
El Gobierno Sánchez no está gastando menos, ni está gastando mejor. Lo que ocurre es que el PIB crece, y con él ha crecido también –y de qué manera- la recaudación fiscal. Si el ajuste fiscal que se nos viene encima va acompañado de un frenazo en el actual crecimiento expansivo del PIB –y es frecuente que así ocurra-, las cosas se nos van a poner muy feas. No tendremos recursos públicos para atender los excesos actuales. Habrá que meter mano al enorme catálogo de ayudas, muchas de ellas ineficaces, que definen hoy las políticas sociales. Y recortar en Educación, Sanidad, Vivienda y más cosas. Aunque eso, a dos años de que empiece a ocurrir, no parece preocupar ahora a nadie. Menos que nadie al Gobierno de España.
