Reducir el ruido, recuperar el equilibrio
Francisco Pomares
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha absuelto recientemente al futbolista Alves del delito de agresión sexual, revocando la condena previa impuesta por la Audiencia de Barcelona. La absolución se basa en la consideración de que el testimonio de la denunciante no es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. La decisión judicial ha provocado todo tipo de reacciones, entre ellas quizá la más impactante, la de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, la señora Montero, que la calificó como “una vergüenza”. Su declaración ha sido criticada por la oposición conservadora, que ha pedido la dimisión de la ministra, pero también ha sido unánimemente rechazada por asociaciones de jueces y fiscales, tanto de derechas como de izquierdas, exigiendo respeto a las decisiones de los tribunales y a la independencia judicial, y pidiendo a los políticos que se abstengan de hacer declaraciones que minen la confianza en el sistema judicial.
Es cierto que el comentario de Montero no es uno más en el ruido incesante de las redes sociales. No fue cosa de una activista, o un opinador. Fue la vicepresidenta quien desacreditó públicamente una resolución judicial firme. Lo hizo con una gravedad institucional impropia de quien, por su rango y responsabilidad, debería defender el principio de separación de poderes y la legitimidad de los jueces para hacer el trabajo que les encomienda la Constitución. El daño es profundo: erosiona la confianza pública en el sistema judicial y socava, por extensión, la principal garantía de derechos de todos los ciudadanos.
Sin duda, este episodio, pasto ya de redes y tertulias, no debería analizarse como un hecho aislado. Existe un contexto. Montero no habla desde el vacío: lo hace desde una concepción política -la suya- desde la que se ha institucionalizado un camino peligroso, que tensiona los equilibrios básicos del Derecho, en nombre de la protección de las mujeres. Desde la promulgación de la ley de Violencia de Género de 2004, impulsada por el Gobierno Zapatero, España ha apostado por un marco legal que incluye, entre otras medidas, la asimetría penal por razón de sexo. Se han creado juzgados específicos, se ha eliminado la necesidad de pruebas directas en algunos casos, y se han diseñado protocolos policiales y judiciales que, en la práctica, colocan al acusado en una posición de indefensión que no se produce en otros tipos de delito. Todo ello con el objetivo de reducir la violencia contra las mujeres. ¿Ha funcionado el sistema? Los datos no parecen avalarlo. Las agresiones sexuales han aumentado, y la violencia machista -lejos de desaparecer- se adapta a nuevas formas. Una de las más inquietantes es el machismo entre los jóvenes, que no solo no se ha erradicado, sino que parece recrudecerse. La pornografía extrema, el discurso misógino en redes y la banalización de la sexualidad son síntomas de un problema que no se resuelve únicamente con leyes, por muy bienintencionadas que sean. De hecho, cuando las leyes se perciben por un colectivo como injustas o desproporcionadas, pueden provocar un efecto contrario al que persiguen. En ese concreto contexto, la figura de la víctima ha sido con frecuencia instrumentalizada, y no para protegerla, sino para construir un marco ideológico que convierte la justicia en una herramienta de reparación simbólica más que jurídica.
En ese marco, una parte de la sociedad ha acabado por aceptar que la presunción de inocencia quede arrinconada, convertida en un obstáculo narrativo. La reacción de Montero a la sentencia no es, por tanto, sólo un exabrupto aislado, sino la expresión coherente -y a mi criterio peligrosa- de una lógica que asume que la denunciante siempre dice la verdad, y si la dice la verdad, cualquier cosa en sentido contrario que diga la Justicia “es una vergüenza”.
Un miembro de un Gobierno que crea en la separación de poderes, más si es la segunda autoridad de ese Gobierno, no puede hacer lo que ha hecho Montero. Puede legítimamente discrepar, criticar, incluso proponer más cambios legislativos. Pero no puede cuestionar de forma directa y sin fundamento jurídico una sentencia que sostiene la presunción de inocencia. Este incidente desgraciado pone de manifiesto la tensión existente entre la protección de los derechos de las víctimas y la garantía de la presunción de inocencia para quienes son acusados. Es urgente que las instituciones recuperen el equilibrio y respeten ambos principios, evitando declaraciones que socaven la confianza en el sistema judicial y asegurando que las leyes destinadas a promover la igualdad no comprometan derechos fundamentales.
El trumpismo es altamente contagioso. Y este país ya padece muchos de sus vértigos: recuperemos el esfuerzo de dialogar, argumentar, defender opiniones sin caer en el insulto o la descalificación, solo porque no estamos de acuerdo con lo que hacen o sentencian, los que no piensan igual que nosotros.
