Poder, legitimidad, legalidad
Francisco Pomares
Todos los periodistas hemos experimentado lo que es el poder y cómo funciona: lisonjas y prebendas o coacciones y amedrentamiento… Pero el verdadero problema del poder, hoy día, no es entender su funcionamiento, sino la creciente percepción de que en las sociedades modernas, tras la democratización que supuso su reparto entre lo ejecutivo, lo legislativo y lo judicial tras la crisis del Antiguo Régimen, el poder tiende cada vez más a concentrarse en pocas manos. Weber fue el primero en denunciar desde la sociología ese fenómeno, explicando como las sociedades modernas están amenazadas por el fenómeno creciente de la concentración del poder. Michels, uno de los discípulos de Weber, advirtió que en las organizaciones modernas, tanto en las privadas como en las públicas, ya sean administraciones, empresas, fundaciones, universidades, tribunales o clubs deportivos, el poder es controlado por reducidos grupos de políticos, financieros, funcionarios públicos e intelectuales, estrechamente ligados entre sí. Aunque esos líderes sean elegidos por procedimientos legítimos y democráticos, acaban por integrarse en élites que se preocupan básicamente –cada vez de forma más descarada- de la defensa de sus propios intereses y posiciones.
El reciente escándalo del fiestón en Maspalomas, por ejemplo, es una obvia demostración de la tendencia a la asimilación y al reparto de canonjías entre las élites. Si no fuera así, no se explica que sindicalistas y políticos que se definen a sí mismos como “de izquierdas” se sumaran a la fiesta -y al reparto simbólico de ese medio millón de euros de botín- sin el más mínimo remordimiento.
Hoy es evidente el peligro de que las élites, nacidas en la sociedad y desde la sociedad de forma legítima, generen procesos que aumenten su poder y se perpetúen a sí mismas hasta el punto de que el poder acaba por ser más importante y más duradero que la propia legitimidad. Eso ocurre en todas partes, y es un fenómeno desgraciadamente muy poco denunciado por los medios de comunicación. Y es que los medios han sido también asimilados como parte del sistema de élites que controlan y administran el poder, reservándoles el rol de otorgar pasaporte moral para ejercer el poder o denunciar sus excesos.
Es difícil, por ejemplo, entender la ausencia de cualquier crítica a una decisión judicial tan chocante e inexplicable como la de la devolución de su nombre a Nueva Canarias, tras haber sido condenada a perderlo por incumplir de forma recurrente la Ley de Partidos. Más aún cuando Nueva Canarias, tras la sentencia que establecía que tenía que dejar de usar ese nombre, siguió haciéndolo como le vino en gana, en una demostración de desafío de la legalidad, que no le ha pasado ni le va a pasar factura alguna.
Anteayer se conoció la cómoda pero incomprensible decisión de un tribunal que ha preferido no marear más el asunto y devolver todo a su situación previa y original, después de que inexplicablemente el Ministerio de Interior autorizara a Nueva Canarias el registro y uso de un nombre prácticamente idéntico, y de que sorprendentemente la Junta Electoral Central, optara por dejar a la nueva Nueva Canarias seguir gastando los recursos de la vieja Nueva Canarias, en una decisión más estrambótica que prudente. El crescendo ha tenido un trazado tan evidente y preciso, que algunas voces de Nueva Canarias se atrevían ayer a amenazar abiertamente desde las redes a quienes silencien u oculten una decisión judicial que resulta tan conveniente y oportuna.
Pero es que no se trata de ocultar, todo lo contrario: se trata de señalar que algunos sistemas de poder plantean con frecuencia las soluciones más favorables, las que sostienen el statu quo y afianzan el poder y la impunidad de las elites. Personalmente creo que eso es lo que ha ocurrido en esta ocasión: se ha despachado el affaire de Nueva Canarias como parte de la élite que nos gobierna -que es exactamente lo que es-, obviando el hecho clave de que incumplieron la ley.
