Lo imposible
Francisco Pomares
Ha estado rápido, el ministro Torres, al asegurar que es “imposible” que el Consejo de Ministros apruebe por decreto ley la puesta en marcha de la reforma de la Ley de Extranjería. En realidad, esa es la posición que ha mantenido el Gobierno desde el minuto uno, frente a la petición reiterada de Coalición de iniciar el trámite por la vía rápida del decreto. Lo que es nuevo es la explicación a no tirar de decreto para iniciar el trámite: resulta, nos dice Torres, que el PP ha demostrado con claridad que no está por la labor. Se trata de un argumento difícil de sostener si no es desde el absoluto cinismo: el Gobierno de Sánchez ha abusado del decreto -y de otros atajos legislativos- más que ningún otro en la historia de la Democracia, y en algunas ocasiones esos decretos han sido rechazados. Cuando eso ha ocurrido, no ha sido solo “porque el PP estuviera en contra de las intenciones del Gobierno”. Eso es lo normal, que la oposición esté en contra del Gobierno. Es lo que ocurre la mayor parte de las veces que se vota en el Parlamento: que la oposición vota contra el Gobierno y el Gobierno vota contra la oposición. Cuando el Gobierno pierde en una votación no es porque la oposición no lo apoye, es porque no tiene el apoyo de alguno de sus socios y aliados. Así ha sucedido todas las veces que el Gobierno ha perdido una votación, incluyendo las dos últimas veces, ambas en el último pleno. Si el PSOE se ha llevado una ‘hostia’ es porque Junts decidió no votar la regla de gasto, y porque también decidió votar en contra de la propuesta de reforma de la ley de Extranjería. No porque lo hiciera el PP.
Aunque en este último caso, hay un dato que el ministro Torres nos oculta. Tanto el PP como Junts plantearon en la votación frustrada de la Ley, condiciones (distintas) para llegar a un acuerdo. De hecho se intentó que la votación se retirara, para dar tiempo a negociar y el PSOE se negó alegando -y era falso- que ya no había tiempo. Lo que no hacía era voluntad de negociar.
Si el Gobierno decidiera plantear la reforma por la vía del decreto ley -eso que Torres califica de “imposible”- ocurrirían dos cosas con carácter inmediato. La primera es que la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería -el que habría de permitir la implantación de esa ‘solidaridad forzosa’ con las regiones más perjudicadas por la llegada de menores inmigrantes no acompañados-, quedaría aprobado en el mismo momento en que se publicara en el BOE, permitiendo la puesta en marcha de decisiones inmediatas para paliar la situación de amontonamiento de los niños. Y la segunda es que se abriría un plazo de treinta días para que el Gobierno acerque posiciones con la oposición o con sus asilvestrados socios de Junts.
Las peticiones realizadas por el PP son razonables y sencillas de abordar. Ninguna de ellas entra en colisión con el espíritu de lo que el Gobierno dice querer. Casi todas son propuestas garantistas, que obliguen al ejecutivo a cumplir con la legalidad, como convocar la Conferencia de Presidentes que lleva casi tres años sin convocarse, cuando debe hacerse cada seis meses, o dejar claro asuntos como la continuidad de la financiación. No implican en su mayor parte cambios concretos en la ley, sino compromisos públicos de un Gobierno del que cada día se fía menos gente.
Entre otras cosas, porque la verdad verdadera sobre este asunto es que el PSOE no tiene interés de arreglarlo. Supone complicar la negociación con Junts sobre la transferencia de las competencias en emigración, y abrir un melón complicado con las Autonomías, mientras que dejar el asunto como está no le cuesta nada. Si las cosas se ponen peor con la llegada de más migrantes, siempre se puede decir que lo que ocurra con los menores es un asunto que debe resolver Canarias.
Al PSOE le ha salido bien esta historieta: la cerrazón del PP a votar la toma en consideración de la reforma si el PSOE no cedía en la negociación de sus peticiones, les pone buenistas, mientras ha colocado al PP en el bando de los xenófobos, que era lo que el PSOE pretendía.
Nunca hubo intención de llegar a un acuerdo con el PP, por eso Torres se la pasó visitando grupos parlamentarios y haciendo el paripé de una negociación que desde el principio se sabía condenada al fracaso. Torres había logrado vender su preocupación canaria por el problema, ocupándose de una gestión que no le correspondía a él, sino a la ministra Sira Rego. Ahora, al declarar que lo que han hecho decenas de veces es ‘imposible’ hacerlo por Canarias, vuelve a la ortodoxia de los comportamientos del PSOE sobre la emigración en las islas. La que hizo que esta preocupación no se planteara durante cuatro años de pacto floral -nos decían que éramos insolidarios por no querer cargar con “unos pocos niños” y aquí nadie protestó siquiera-, ni tampoco un año antes, cuando Sánchez venía de vacaciones a Lanzarote y se negaba a recibir a Clavijo para hablar de emigración, porque todo estaba bajo control.
Ahora vuelven a desentenderse. Porque es ‘imposible’ negociar. La política no está para eso.
