Llueve sobre mojado
Francisco Pomares
A mediados de este año, el Tribunal de Cuentas publicó –con el retraso tradicional- su Informe sobre las cuentas de los partidos políticos en el ejercicio 2020. En el informe se asegura que la contabilidad presentada por Nueva Canarias no se corresponde con la realidad, se ocultan operaciones y no se refleja la situación económica del partido de Román Rodríguez, consejero de Hacienda con el Gobierno de las flores, y el tipo que lleva años dándonos la moña con delirantes soflamas y lecciones sobre sobre cómo gastar el dinero de nuestros impuestos.
Según el Tribunal de Cuentas, las de Nueva Canarias en el último año auditado –el de 2020- son un poema: los activos del partido están sobrevalorados en más de 80.000 pavos, y las obligaciones de pago infravaloradas en casi 170.000, Un desajuste de un cuarto de millón de euros en los balances, que Carmelo Ramírez se apresuró a aceptar para evitar recargos. Aun así, sumando la colección de multas que se le deben al Tesoro Público por no presentar cuentas en los años que van de 2018 a 2021, Nueva Canarias tiene que pagar 96.000 euros para regularizar la situación, una pasta. Cuatro años sin presentar ni un papel ante el Tribunal de Cuentas son muchos años. Y la ley es muy precisa: los partidos deben remitir las cuentas anuales, con detalle documentado de ingresos y gastos, antes del 30 de junio del año siguiente.
¿Lo harán? ¿Buscarán los cuartos para pagar? Yo tengo mis dudas. En serio. Y es que llueve sobre mojado: quizá recuerden ustedes que a mediados de 2022 se publicó en los medios una de las noticias más frikis de la temporada: el partido del consejero de Hacienda había dejado de existir por sentencia judicial firme. Había sido retirado -por defunción- del registro de partidos políticos, por no adaptar sus Estatutos a lo exigido por ley, y tras pasar esos cuatro años sin presentar sus cuentas y no responder al requerimiento del Ministerio de Interior que les daba un mes de plazo a los responsables del canarismo progresista para presentar algún tipo de recurso o lo que fuera.
Ramírez dio un par de ruedas de prensa para explicar que se había despistado por el Covid, que no le había llegado ninguna advertencia del Ministerio, y otras excusas así. Román no hizo ruedas de prensa, pero sí alguna llamada de teléfono a sus amigos socialistas del Ministerio, y la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo que disolvía su partido, se saldó pocos días después con un ‘cambio’ de nombre. ¿Un cambio de nombre? Sí.
Con la sentencia ya firme, la ley impedía seguir usando el mismo nombre, el de Nueva Canarias. Hay una norma de 2002, creada en los tiempos duros del plomo en el País Vasco, que advierte que si se pretende inscribir una nueva formación política, su nombre «no podrá coincidir, asemejarse o identificarse, aun fonéticamente, con la de ningún otro partido previamente inscrito en el Registro» ni tampoco porque ese partido haya sido «disuelto o suspendido por decisión judicial», como era el caso.
Pero la interpretación de esa norma queda en manos del Ministerio, y el Ministerio acabó por registrar poco después aquél nombre tan gracioso de Nueva Canarias-Bloque canarista, y –lo más asombroso- por aceptar que los bienes, propiedades (y deudas) del viejo partido de Román, pasaran sin problema alguno al nuevo partido de Román. El Parlamento de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos con representantes elegidos por Nueva Canarias, siguieron librando sus aportaciones al viejo/nuevo partido de Román, como si no se hubiera producido nunca una suspensión, y aquí paz y en el cielo gloria.
Supongo que algún partido adversario podría haber impugnado la decisión de Interior y presentado una queja o denuncia por el incumplimiento de la sentencia. Porque es evidente que ‘Nueva Canarias’ y ‘Nueva Canarias-Bloque canarista’ suenan bastante parecido. Pero los del pacto floral no iban a crearle problemas a un socio tan principal, y Barragán estaba ese día inspirado y le deseó –es literal- “buena suerte” a la nueva denominación de origen. Todo el mundo fue muy educado. Entre bomberos no se pisan las mangueras.
Llegamos de nuevo a las multitas de ahora, 30.000 pavos por no entregar la contabilidad de 2020 y 2021, 6.000 por no disponer de un sistema de control interno que garantice la contabilidad, y otros 6.000 por incumplir la obligación de remitir la información solicitada por el Tribunal de Cuentas. ¿Pagarán? Yo no lo creo. No han pagado aún la multa de 50.000 euros de 2021. Y además, lo peor que puede ocurrir es que les cierren de nuevo el partido. Se reúnen, vuelven a cambiarle el nombre por el de ‘Nueva Canarias-Bloque antiteocrático’, y ya está. A vivir, que son dos días.
