La indefensión sin respuestas
Begoña Gómez despliega una estrategia jurídica y de comunicación que no resulta muy comprensible, ni –a mi modesto entender- muy útil en términos procesales y de imagen: primero, la solicitud insistente de un trato de privilegio en los accesos al tribunal, un inusitado y excesivo despliegue policial, y la exigencia de entrar en el juzgado por el garaje, para no ser fotografiada por los medios. Pero Begoña Gómez no es una autoridad. No lo es ni constitucionalmente ni por aplicación de la costumbre: en España no existe la figura de la primera dama. Doña Begoña es la esposa del presidente, y ser conyugue de quien ocupa la presidencia del Gobierno no implica un rol representativo, y no debería suponer privilegios de ninguna clase en sus asuntos privados. Es razonable que se implementen mecanismos de seguridad, para protegerla de hipotéticas agresiones o violencias, pero no parece necesario que eso implique privilegios –evitar que la prensa la fotografíe o filme- que el resto de los ciudadanos no tienen cuando acuden a declarar como imputados. Tampoco se entiende la petición de su defensa de que en el interrogatorio –que se aplica a criterio del juez- no se tomen imágenes. No existe el derecho a no ser grabado por el tribunal cuando se es interrogado, y creo que la petición de su abogado perjudica la imagen de Begoña Gómez más que la posible filtración de una imagen suya contestando al juez.
Pero si todo eso puede explicarse por el temor a sufrir lo que en los últimos años se ha dado en llamar pena de paseillo o de telediario, que suelen padecer todos los investigados-, a lo que es difícil encontrar alguna explicación es a la machaconería con la que se repite desde todos los altavoces de Moncloa que está sufriendo indefensión. ¿Indefensión?
La señora Gómez no está en absoluto indefensa. Cuenta con un buen equipo jurídico, con un activo apoyo mediático y con una intensa cobertura y protección del partido y el Gobierno que controla su marido. Si alguien padece indefensión en este procedimiento, probablemente sea el juez que se ocupa de la causa, al que la portavoz del Gobierno, el ministro de Justicia y el ministro Puente han recordado que si el proceso judicial continúa… “será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende”. Si eso no es señalar a un juez, que me digan que es.
Lo que ocurre es que los tres ministros de Sánchez están preocupados: lo que empezó siendo un asunto menor, lo que parecía un cúmulo de irregularidades fruto quizá de la falta de preparación de la señora Gómez y de desconocimiento de los mecanismos burocráticos y de contratación, se está enrevesando. Ya no se trata sólo de que en la gestión de su máster y su cátedra haya actuado con ligereza y despreocupación propia de alguien que carece de titulación y desconoce los procedimientos universitarios. De lo que ahora se trata, es de que están apareciendo informaciones que señalan de manera conspicua una presunta voluntad de doña Begoña de sacarle partido a su condición de mujer del presidente. Y a estas alturas, ya hay algunas preguntas que requieren respuesta.
Por ejemplo, convendría explicar por qué la mujer de Sánchez recomendó –lo hizo por escrito- al empresario que financió su master ante empresas públicas. Pero también conviene que se conozca el porqué de sus citas con el propietario de Air Europa y su entonces asesor y principal comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama. Y es importante aclararlo, porque después de esas citas el Gobierno rescató la aerolínea con 400 millones a fondo perdido, y Globalia –la empresa de Javier Hidalgo- pactó el patrocinio del África Center de Begoña Gómez con 40.000 euros al año. También es preciso saber por qué la mujer del presidente pidió dinero a empresas públicas, participadas o reguladas, para financiar su máster, y consiguió que tres de ellas –Telefónica, Google y la omnipresente Indra- le regalaran un software valorado en un millón de euros. La Intervención de la Universidad Complutense ha explicado que Begoña Gómez no cumplió con los procedimientos de contratación, llegó irregularmente a acuerdos con empresas adjudicatarias y cerró contratos verbales, algo expresamente prohibido. Y luego está el registro a su nombre la marca Transforma TSC, ya con activos por valor de un millón de euros gracias al regalo del software. Ocurre que la marca y la plataforma son propiedad de la Complutense, y por eso el rector, que también declaró ayer ante el juez, ha iniciado una investigación sobre el asunto.
Parece que podemos estar ante algo más que fango y exageraciones de la ultraderecha. Y quizá esa sea la única explicación parta alegar ante el juez desconocimiento de la causa, y lograr un aplazamiento. Tendremos, pues, medio mes más, antes de cualquier explicación. Si es que alguna vez llega.
