La espantada
Francisco Pomares
La aprobación por el Consejo Fiscal y Financiero de la condonación de una parte variable de la deuda de las regiones, no supone la entrada en vigor de esa decisión. Aún tendrá que convertirse en ley, pasando por el Congreso y por el Senado, en un trámite largo y complejo, durante el cual en este país puede pasar de todo. Los representantes de las regiones gobernadas por el PP abandonaron intempestivamente la reunión y no votaron el acuerdo, aprobado en ausencia de quorum real, aun cuando el quorum formal quedó determinado por la participación inicial de las regiones del PP en el Consejo. La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias también abandonó el Consejo antes de votar, lo que –según dicen- ha provocado cierto malestar. Cuentan que Fernando Clavijo no fue avisado y que el acuerdo con el PP se refería exclusivamente a votar contra la propuesta, no abandonar la reunión. Intuyo que se trata de tinta de calamar. El Gobierno regional ya había decidido el voto en contra: que la consejera canaria –miembro del PP- se quedara en el Consejo para votar en contra no habría aportado mucho, la verdad. Probablemente los rumores sobre el pretendido enfado de Clavijo con la señora Asián responde a la decisión de ofrecer al PSOE una justificación de consolación, en un momento en el que Presidencia sigue a fuego en la negociación de los menores y con la agenda canaria absolutamente atascada. Sospecho que los rumores sobre el malestar de Clavijo por la espantada son pura filfa. Al presidente le encanta presumir del modo canario de hacer política, pero es un tipo perfectamente capaz de morder y soplar al mismo tiempo. Creo que lo de su enfado con el PP tienen un valor consolatorio. En cualquier caso, no afecta a las relaciones del PP y Coalición en el Gobierno.
En el Consejo se vivieron momentos estelares no sólo con la huida masiva de los peperos. También Castilla-La Mancha y Asturias, gobernadas por socialistas, viraron por sorpresa en la propuesta de viceMontero para el reparto del impuesto a los bancos, ese que ha servido para que los bancos nos suban las comisiones y ganen mucho más, por creer que se le da a Cataluña más de lo que resulta decente. La revuelta fiscal de las regiones por la entrega de la caja a los indepes a no ha hecho sino comenzar…
La rebeldía es lógica: el Gobierno de Sánchez, gran mecenas de la justicia social, ha decidido que la mejor forma de ayudar a las comunidades autónomas es perdonarle más deuda… a las que más tienen. En su infinito progresismo, el sanchismo ha descubierto que la solución más equitativa para corregir los desequilibrios territoriales en España, es premiar a los territorios que han acumulado más deuda, premiar a quienes peor gestionan. Además, la deuda no desaparece. Se mutualiza. Lo que no pague ahora la Generalitat lo acabarán pagando todos los españoles a través del Estado. La condonación es una transferencia encubierta de recursos de unas regiones a otras, con la particularidad de que, una vez más, el gran beneficiado es el independentismo catalán. Un independentismo que, paradójicamente, sigue exigiendo más autogobierno mientras reclama que el Estado se haga cargo de sus excesos.
El Ejecutivo defiende la medida como un mecanismo de alivio de la carga financiera regional, que permitir destinar más recursos a servicios públicos. Un discurso que podría sonar convincente si no rompiera con los principios de equidad fiscal que deben regir cualquier sistema de financiación autonómica. Mientras a unas regiones se les perdona parte de su deuda, otras que han gestionado mejor sus cuentas quedan en la estacada. Se castiga a quienes han sido responsables y se premia a los que han vivido por encima de sus posibilidades. Eso tiene una consecuencia directa: se pervierte la lógica de la redistribución fiscal. Un sistema progresivo debe ayudar a las regiones con menos recursos y mayor necesidad de financiación. Pero lo que hace esta condonación es beneficiar a comunidades como Cataluña que -pese a su alto PIB- ha acumulado deudas astronómicas, mientras a regiones más pobres, pero más eficientes en su gestión, se las maltrata. El progresismo de pacotilla que se envuelve en la bandera de la justicia social y la progresividad fiscal aplica un modelo de quitas que favorece a los más ricos. Un esquema de condonación que deja claro que en la España sanchista hay ciudadanos y regiones de primera y de segunda. Las comunidades del PP se han desmarcado con razón. La medida apesta a pago político y es un precedente peligroso que convierte la financiación en un campo de minas en el que cada comunidad reclama más recursos y una parte mayor del pastel. El Gobierno introduce la lógica del incentivo perverso: un factor de desigualdad que amenaza hacer saltar por los aires el equilibrio territorial. Pero eso no importa, lo importante es Moncloa. Las consecuencias, como siempre, son secundarias.
