El secuestro de la Justicia
Francisco Pomares
Pedro Sánchez no es capaz de ponerse límites a sí mismo: tras indultar a sus socios independentistas, después de asegurar que nunca lo haría, pretende ahora modificar el Código Penal, para que los condenados independentistas por malversación dejen de estarlo. Tal y como pidió el PSOE, ERC anunció hace apenas dos días la presentación de enmiendas al texto para modificar el delito de malversación, haciéndolo de forma quirúrgica para poder «avanzar en la desjudicialización» y «limitar las arbitrariedades» del Estado.
El reconocimiento explícito de que se modifican las leyes para solucionarle la papeleta a ERC y a sus cargos políticos inhabilitados es un claro desafío a la separación de poderes, un auténtico aldabonazo a la letra y el espíritu de la Constitución española, un ajuste absolutamente inaceptable en una democracia que se reclama liberal. Lo que Sánchez pretende y está decidido a conseguir -ya anunció que iba “a por todas”- es neutralizar la acción de los tribunales de Justicia que condenaron el intento secesionista catalán y la malversación de recursos públicos. De lo que se trata es de hacer imposible que quienes intenten romper el país paguen por ello.
Pero eso no parece bastante: en su decisión de domesticar la independencia judicial y someterla al poder ejecutivo, el presidente Sánchez está yendo más lejos de lo que ha ido nunca ningún otro gobernante del país… y eso que ninguno se ha quedado corto intentando controlar a los jueces. Sánchez ha llegado al extremo de modificar por tercera vez consecutiva y por mayoría simple una ley -la del Poder Judicial- integrada en el bloque de constitucionalidad. El procedimiento no es solo en sí mismo torticero, es que recuerda la forma en que se ha trastocado la legalidad en países aún más tropicales que el nuestro: la cosa empezó con el propósito de forzar la renovación del CGPJ, con el mandato de sus vocales vencido hace cuatro años, introduciendo en forma de parche un nuevo artículo en la ley orgánica (un bis) que dejó el Consejo en funciones, retirándole sus facultades y competencias en la selección de los puestos jurisdiccionales claves, provocando así y de momento el colapso del Supremo en dos de sus salas, la de lo Militar y la de lo Contencioso Administrativo. Nada en la Constitución establece que el CGPJ pueda ser declarado en funciones, pero se hizo, y al hacerlo, el Gobierno conseguía su propósito de bloquear al Supremo y de demostrar que podía hacerlo. Después se produjo la alucinante modificación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que el mismo Gobierno había aprobado poco antes, para permitir que se pudieran nombrar los dos magistrados del Constitucional propuestos por el Ejecutivo, aun estando en funciones el Consejo. Pero solo esos dos.
Y la tercera modificación es la que modifica la mayoría de tres quintos para el nombramiento de los miembros del Consejo y reducirla a mayoría simple, a pesar de las advertencias europeas. El Gobierno Sánchez modifica la ley por tercera vez para hacer lo mismo que han hecho los gobiernos ultraderechistas de Hungría y Polonia, y ha provocado sanciones europeas: lo que se persigue es suprimir los mecanismos de control y contrapeso que impiden que el poder judicial se convierta en correa de transmisión de los intereses del poder político. A partir de ahora, el Gobierno impondrá su mayoría en la elección de los jueces que integren el Consejo a propuesta del Congreso y el Senado.
Al final va a ser verdad que Montesquieu no va a sobrevivir a esta legislatura. Que sean los socialistas quienes impongan ese formato de concentración de poder espanta. Que el Gobierno nombre para cubrir su cuota en el Constitucional o para ejercer la fiscalía general del Estado a ex altos cargos del Gobierno o a jueces declaradamente obedientes, produce vértigo.
Pero lo peor no es eso: lo peor es que este abuso indecente, está violación del espíritu constitucional, no se justifica siquiera intentando explicarla como necesaria para iniciar un proceso de cambio revolucionario, para trasformar esta sociedad decadente en una sociedad mejor, o para lograr una mayor eficacia en el funcionamiento de la Justicia. No.
Todo se hace exclusivamente para que Pedro Sánchez pueda continuar gobernando, manteniendo el apoyo de sus socios extremistas y secesionistas, y estos puedan seguir adelante con el desmantelamiento constitucional y del país sin que los jueces puedan frenarlos. Desde el Golpe de Estado de Tejero en 1981, esto es lo más repugnante y peligroso que ha ocurrido en la política española en los últimos años.
