El que parte y reparte…
Francisco Pomares
Creo recordar que fue en el año 2016, apenas un año después de que el PSOE y Coalición firmarán un acuerdo para gobernar conjuntamente Canarias, cuando comenzaron a producirse las primeras tensiones en el seno del Gobierno entre ambos partidos, a cuenta precisamente del gasto sanitario y la gestión de la Consejería, dirigida entonces por Jesús Morera. Los socialistas acusaban a Clavijo de no cumplir el compromiso adquirido de aumentar un cuatro por ciento el gasto sanitario –principalmente con nuevas contrataciones- y Clavijo replicaba advirtiendo que el servicio estaba siendo mal gestionado, porque con 35 millones de euros más, no se lograban los resultados esperados, y las listas de espera seguían aumentando. El PSOE hizo del gasto sanitario su bandera pública en aquella frustrada legislatura de pacto, y acabó por provocar su expulsión del Gobierno, acusando a los que siguieron de entregar la Sanidad a la gestión privada. Probablemente nadie se tomó muy en serio ni la rabieta, ni la excusa sanitaria: el PSOE entró en conflicto con el Gobierno y lo mantuvo sistemáticamente: el gasto sanitario, la ley del Suelo, el conflicto de Granadilla, la oposición a la Ley del Suelo, el reparto de los recursos del Fecam, uno de los planes estrella del clavijato… En realidad, las tensiones provocadas en el Gobierno de coalición fueron más bien resultado de la pésima química entre Clavijo y Patricia Hernández. Al segundo abandono del PSOE en una votación clave del Consejo de Gobierno, a Clavijo se le calentó la cachimba y los puso de pastas en la calle. Fue probablemente un error de juicio político, que a la postre le costaría la Presidencia del Gobierno, pero durmió más tranquilo los dos años y medio siguientes.
Pero todo eso es historia. La que hoy nos ocupa es la distancia sideral que existe entre lo que los partidos políticos dicen que harán cuando gobiernen y lo que realmente hacen cuando les toca. Tras la salida del Gobierno, el PSOE insistió mucho en que la ruptura había sido decidida por Clavijo para favorecer a la Sanidad Privada. Jugaban a su favor para consolidar el relato del maltrato a la sanidad pública con la sustitución del socialista Morera por el independiente José Manuel Baltar, por entonces director de Operaciones de Hospitales San Roque y vicepresidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española, patronal de clínicas y hospitales privados. De poco sirvió para contrarrestar la especie que el Gobierno enterrara en Sanidad cantidades ingentes de pasta desde que Morera se fue.
Y ahora gobiernan los otros. Llevan gobernando ya tres años y medio, y acaba de saberse que el Gobierno de Torres ha aumentado un 23 por ciento el gasto de personal de las empresas públicas en el próximo presupuesto, cerca de 19 millones de euros más, fundamentalmente para contratar a más gente, casi 700 nuevos empleados pagados con fondos públicos, aunque trabajen para sociedades mercantiles.
El chiste está en que de todos esos nuevos empleos previstos, ni uno va para la empresa pública Gestión Sanitaria de Canarias. Ahora la Sanidad ya no es tan importante como era cuando servía para montar cirios desde el Gobierno o la oposición. El capítulo destinado en los presupuestos de Gestión Sanitaria a pagar retribuciones sigue exactamente igual que en 2022. Elías Castro, exgerente recién dimitido de Gestión Sanitaria, pidió recuperar parte de los efectivos fulminados hace años, contratando a 20 personas. Y pidió también recuperar el recorte salarial de un cinco por ciento aplicado durante la crisis. Se ha optado por no incorporar ni un euro a personal, aunque si van a meter millón y medio para mejorar el equipo tecnológico del 112.
Del total de 19 millones que entran en el presupuesto para personal de las empresas públicas, trece y medio se los levanta Gesplan, a la que se autoriza mediante plan estratégico a contratar casi 600 personas. ¡¡¡¡600!!!! Gesplan triplicará su personal. Si usted se pregunta para qué hace falta triplicar el personal de Gesplan, la respuesta es obvia: para gestionar esos fondos europeos Next Generation, que se han convertido en el objetivo último de la Administración regional.
¿Educación? ¿Sanidad? ¿Dependencia? ¿Justicia? ¿Pobreza? Paparruchas: ahora se trata de repartir la pasta gansa que dicen que va a llegar de Europa. Si somos capaces de gastarla. Parece que cuando se trata de repartir sí se ponen las pilas.
