El informe
Francisco Pomares
Después de varios meses circulando de forma subrepticia y con disimulo culpable por mentideros y redacciones, después de haber sido adelantado sin alharacas por algún medio grancanario, ayer estalló como una bomba en los pasillos del Parlamento el informe de la Audiencia de Cuentas, que los consejeros afines al Gobierno lograron parar en la misma Audiencia con un porrón de alegaciones. Se trata de una propuesta de informe, por tanto, no oficial ni aprobada, pero es el propuesto por el presidente de la entidad, Pedro Pacheco, y al que va a ser muy difícil cambiar mucho más allá de alguna coma, sin asumir el riesgo cierto de prevaricación y fraude.
¿Lo que dice? Básicamente lo que sabemos todos: que las compras de material sanitario durante la pandemia fueron una juerga caníbal, un banquete sin control ni lógica, un dislate del que sacaron partido el par de pillos de costumbre y sus amiguetes. Ocurrió en Madrid, ocurrió en Galicia, ocurrió en Cataluña… (y en todo el planeta). Sería más fácil acabar diciendo dónde no ocurrió que cuatro o cinco listos sin escrúpulos hicieran su agosto aquellos meses de terror desencadenado, cuando la única posibilidad de conseguir epis o test era ir a comprarlos en subasta fuera. El escándalo fue tan grande, con transportes legales parados en aeropuertos de naciones civilizadas y mercancías confiscadas para ser usadas por el país que las interceptaba, que la Unión Europea tuvo que intervenir con la vana pretensión de centralizar las compras. No sirvió de mucho hasta que el mercado acabó por autorregularse, hasta que se logró garantizar cierto nivel de abastecimiento. Y mientras, estuvimos perdidos en excusas y mentiras oficiales adaptadas a las escaseces del momento, como la del uso declarado inútil de la mascarilla (recuerden que en los aviones no hacían falta por el triple filtrado y el nosequé, y aún seguimos usándolas cuando volamos), o aquella ukase absurda de ponernos guantes para ir a orinar, o los primeros test Covid que no servían para nada pero costaban en las farmacias un ojo de la cara…
Pasó, y lo que dejó –como suele suceder- fue un reguero de improvisaciones, errores y miserias, de las que sacaron partido los de siempre: ese conocido empresarios con recorrido y mando en plaza, con contactos internacionales, y también algún listillo de poca monta que se lanzó por su cuenta y riesgo a la pesca.
Al final, todo sumó un gasto de casi ochocientos millones de euros para intentar contener la enfermedad, la mayoría para sostener el sistema y evitar que colapsara ante una pandemia para la que nadie estaba preparado. Pero luego viene la letra menuda de las compras, y con ellas el rio revuelto, la vergüenza publicada del caso Mascarillas, pero también la ausencia de justificación del pago en la mayor parte de las compras, casi 42 millones de euros gastados en los que no consta autorización del Gobierno, como es legalmente preceptivo. Y 35 contratos en los que ni consta justificación del gasto a realizar, ni de la tramitación de emergencia. O que ni uno solo –ni uno- de los contratos estudiados fuera tramitado por vía de concurrencia. O que seis de las empresas que más contrataron con el SCS, carecieran de capacidad legal para hacerlo, y -entre ellas- hay dos de las cuatro con mayor volumen de contratación que superaron los ocho millones, con adjudicaciones que pueden ser nulas de pleno derecho. O uno de los secretos mejor guardados: esos más de seis millones y medio de unidades de distinto material que fueran desechadas en La Candelaria por no cumplir los mínimos exigibles y hoy se pudren en los almacenes de Sanidad. O que sólo 16 empresas facturaran 82 millones, y la cuarta parte de ellas no estuvieran autorizadas a vender material sanitario. O que sistemáticamente se desechara comprobar la capacidad de los adjudicatarios y no se les exigiera demostrar solvencia económica, financiera o técnica. Nada de nada.
Todo fue un desbarajuste enorme, del que el caso mascarillas es sólo la punta del iceberg del mayor desmadre de la historia de la Sanidad canaria. Sigo pensando que quienes compraron en nombre del Gobierno –al menos la mayoría- lo hicieron actuando con la voluntad de salvar vidas, y quizá este despropósito salvara alguna. Pero es tiempo de dar la cara, de pedir disculpas, de explicar que las cosas se pudieron hacer mucho mejor. Es tiempo incluso de asumir responsabilidades, porque este Gobierno la pifió a lo grande y pretenden escapar de rositas sacrificando al último de la fila. Negando la verdad, ocultándonos lo que todos sabemos que pasó.
