El cascabel de la Renta Ciudadana
Francisco Pomares
El Gobierno de Canarias logró el martes el consenso de todas las fuerzas políticas parlamentarias en torno a la Renta Ciudadana, un proyecto emanado de la reforma del Estatuto de Autonomía durante la pasada legislatura, e incorporado a una Ley de Servicios Sociales que tampoco nadie votó en contra. Aprobada en marzo de 2019, la Ley establecía cuatro planes de financiación plurianuales, de tal forma que en 12 años se contara con 900 millones extra para atender el coste de un ambicioso catálogo de prestaciones. De entre ellas, la Consejería decidió convertir la Renta Ciudadana en su proyecto estrella, tras el fracaso recurrente en dependencia, en la gestión de las residencias, o en la atención de menores emigrantes.
La Ley de Servicios Sociales ponía fecha al encargo del Estatuto: la Renta Ciudadana debía implantarse a finales de 2020, y por eso, los partidos del pacto florido acordaron en su documento programático de junio de 2019, instaurar la Renta por Ley y hacerlo de forma urgente. El compromiso fue refrendado por el presidente Torres en su investidura y recordado de nuevo en aquellas jornadas montadas por Santana en la ULPGC en las que ambos –el presidente y su consejera- fijaron como fecha límite para tener la renta operativa el final de 2020, como obliga la Ley de Servicios Sociales. Los Presupuestos de ese año incorporaron 25 millones de euros en la casilla destinada a la ayuda. Pero llegó la Covid y todo se retrasó. El anteproyecto de Ley se retrasó hasta noviembre de 2020. Santana explicó entonces que las familias contarían con la ayuda a finales de 2021. Por supuesto, ni una sola familia del archipiélago vio en 2021 ni un euro de los 720 que Santana prometió en campaña electoral primero, y luego tras incorporarse al Gobierno de Canarias. Pero a cambio pudieron escuchar la promesa de Santana de que la Renta llegaría a 90.000 personas, en más de 40.000 núcleos familiares, casi cuadruplicando el número de familias atendidas por la Prestación Canaria de Inserción. En septiembre de 2021, con el proyecto ya caminando, Santana se puso un nuevo plazo y aseguró que la Renta llegaría a sus beneficiarios (sin especificar a cuantos de los 90.000 previstos inicialmente) durante el segundo semestre de 2022.
Y es ahora –acabando este año aciago- que Santana nos dice que entrará en vigor en febrero de 2023, tres meses antes de finalizar esta legislatura, cuya primera medida iba a ser aprobar la Renta Canaria de Ciudadanía. Recuerdo perfectamente la intervención de Santana en el pleno que aprobó la Ley de Servicios Sociales, en marzo de 2019, retando al Gobierno a aplicar la medida en cuatro meses. Si ella logra repartir un euro esta legislatura, habrán pasado cuatro años desde que Santana exigió al Gobierno anterior aplicarla en cuatro meses.
No tiene mucho sentido entretenerse en el hecho sabido de que desde el Gobierno los plazos se contemplan de una forma distinta a como se ven desde la oposición, pero este no es sólo un problema de plazos, también lo es de dinero. Con suerte, y si alguien recibe algo en esta legislatura, será alguno de los actuales perceptores de la Prestación Canaria de Inserción, que pasaran de cobrar su PCI a extinguir a cobrar la nueva ayuda. Cambio de nombre y poco más, porque en los presupuestos 2023 no hay recursos para atender las prestaciones de 40.000 familias. Suponiendo que todas ellas cobraran lo mínimo, se precisarían cerca de 250 millones de euros por año. Y si se despliega la medida con sus ayudas reales harían falta unos 370 millones de euros. Pero ocurre que el presupuesto de la Consejería, celebrado como el mejor de la Historia, sube 89 millones el próximo año. No se sostienen las necesidades de la Renta ni de lejos.
El Gobierno presume de haber mejorado los presupuestos de Derechos Sociales hasta un 45 por ciento desde 2019, algo más de doscientos millones en cuatro años. Y es cierto que lo han hecho, aunque también lo es que no han sabido cómo gastárselo. Pero el verdadero problema es que siguen un tercio por debajo del incremento que permitiría cumplir con el mandato de la Ley de Derechos Sociales. A este ritmo, la Renta ciudadana tardaría una década o más en llegar a todos los que la necesitan. Esa es la verdad: la Ley aprobada el martes no va a cumplirse. Y lo saben todos los que la votaron. Todos. Pero estamos en periodo preelectoral: nadie va a ponerle el cascabel al gato.
