El año
Francisco Pomares
Tras cerrar sin dificultad aparente y a velocidad de crucero su acuerdo con el PP para gobernar Canarias, supongo que Fernando Clavijo hizo sus cuentas para un mandato de doble legislatura, y fio al buen rollito la continuidad de su presidencia más allá de los cuatro años de rigor. Clavijo es -junto a Saavedra- el único presidente que ha recuperado el poder después de haberlo perdido. Saavedra lo volvió a perder a manos de su vicepresidente Hermoso, antes de haber tenido siquiera tiempo de creérselo. En el caso que nos ocupa, es más difícil que eso ocurra, porque un acuerdo entre el PP y el PSOE es hoy en España sólo una novela de ciencia ficción escrita parta solaz y disfrute de Asier Antona.
En fin, que entendiéndose Clavijo a las mil maravillas con su socio Manuel Domínguez -un tipo discreto, disciplinado y bregado, como el propio Clavijo, en las lides municipales-, con un acuerdo de largo recorrido con el PP, con el PSOE desinflado por perder inesperadamente el poder regional, y con Torres instalado en Madrid y pendiente de tener que explicarse sobre lo de las mascarillas, RR7 y las llamadas de los amigos de Koldo a su segundo Olivera, todo hacía pensar que la legislatura debía haber sido cuestión de coser y cantar.
Tan de coser y cantar, que lo primero que hicieron fue pasarse por el arco de triunfo la promesa de rebajar el IGIC. El problema no es que lo hicieran, no queda otra mientras siga la regla de gasto, el problema es que lo anunciaran, porque la gente se siente estafada cuando los políticos no hacen lo que dicen que van a hacer, y en campaña la molieron bien con lo de bajar el IGIC. Para disimular, redujeron algunos epígrafes, al combustible industrial, a los servicios médicos y veterinarios, a la dependencia (así en general), y además saldaron el impuesto de sucesiones. Para no quedar de mentirosos, siguen diciendo que cuando puedan bajaran el IGIC del 7 al 5. Pero no se lo crean: no podrán hacerlo mientras no se autorice flexibilizar la regla de gasto, y eso no va a ocurrir en esta legislatura.
Como no pueden presumir de cumplir lo que prometieron, presumen de unidad y diálogo. Y es verdad, este está siendo un Gobierno sin estridencias ni conflictos, porque no hay desacuerdos entre Clavijo y Domínguez, aunque si hay diferencias, al menos de boquilla, en algunas cuestiones, como el apoyo de Coalición a la investidura de Sánchez, el malestar turístico, o el cerrojo de la consejera de Hacienda al gasto. Pero resuelven sin ruido. Y presumen de haber pisado el acelerador de las soluciones: coleccionan emergencias presentes o futuras -hídrica, energética, habitacional, turística, demográfica- con voluntad de evitar la paralización de Canarias. Una paralización –en eso están también de acuerdo- que les dejó la izquierda. La herencia, ya saben: un clásico de los primeros años de mandato, gobierne quien gobierne.
La herencia del Gobierno anterior y el bloqueo e incomprensión del Gobierno de la nación ante las necesidades de las islas, se funden en un quejicoso lamento por lo que se está perdiendo: las inversiones del convenio de obras hidraúlicas, paralizado en plena crisis hídrica, la mejora del sistema de financiación, secuestrado por las negociaciones con Cataluña… Y por lo que se puede perder: los beneficios del REF, incluyendo sus recursos extraordinarios, o la reducción o incluso desaparición de fondos RUP.
El lamento se convierte en grito cuando se trata de recordar el desamparo ante la emigración, el más urgente y frustrante de los problemas de las islas, una crisis humanitaria de proporciones bíblicas, ante la que ya se han agotado los ruegos, las buenas palabras y las propuestas. En ese rubro, el más complicado al que se ha enfrentado hasta ahora este Gobierno tan “unido y dialogante”, Domínguez calla, a sabiendas de que el que calla no se equivoca. Le toca bailar con el juego cobarde de su propio partido, pero en los últimos días la estupidez de Vox ha logrado liberar de presiones la respuesta del PP. El decreto de reparto se aprobará en el último Consejo de ministros, el día 30. Y después viene un mes de agosto –entero- para considerar el decreto antes de convalidarlo. El PP quiere declaración de emergencia –otra más- y que la respuesta sea de verdad un pacto de Estado, y no un mero cambio de un artículo de la Ley de Extranjería. Es complicado que en esta situación de quiebra total, donde el único puente que se permite Sánchez con la oposición es un ministro bocachancla y disolvente, se logre un acuerdo. Pero Feijóo ha colocado la pelota en el tejado del PSOE. Crucemos los dedos y que el verano sea propicio al arreglo.
Si ocurre, este Gobierno de islas, habrá logrado la imposible cuadratura del círculo y tendremos reparto de menores antes de fin de año. Clavijo podrá alardear de política basada en el estilo canario y Domínguez presumir del valor político de saber callarse. Ojalá.
