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De aquí y de fuera de aquí

Francisco Pomares

 

Más de 400.000 extranjeros residentes en nuestro país podrán votar en las próximas elecciones locales. Son ciudadanos de países de la Unión Europea o de otros países –fundamentalmente países sudamericanos y Corea- que tienen algún tipo de acuerdo de reciprocidad para permitir el voto de los españoles residentes allí. Más de cien mil de ellos son rumanos, seguidos de italianos, alemanes, británicos y franceses. La décima parte de esos extranjeros con derecho a voto -35.279- viven en Canarias, poco menos de 17.500 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el resto –cerca de 18.000- en la de Las Palmas. En algunos municipios, especialmente los turísticos, su voto –si se produjera de manera unitaria y dirigida- podría resultar determinante para decidir la elección de un alcalde. Esa posibilidad no se le ha escapado a quienes se ocupan en los municipios costeros de organizar las campañas electorales: muchos candidatos a alcaldes mantienen reuniones, encuentros y saraos con representantes de comunidades de residentes no nacionales, con la intención de arañar algunos votos. Pero la percepción de que los residentes extranjeros son más manipulables de lo que somos en general el resto de los ciudadanos, es un estúpido vestigio racista.

 

La gente vota en todas partes atendiendo a sus intereses personales o de grupo: es muy difícil influir colectivamente en grandes contingentes de extranjeros residentes. Eso parece obvio si proceden de países europeos donde la participación democrática, individual y autónoma en los procesos electorales, está muy consolidada. Británicos, alemanes, franceses e italianos suelen rechazar cualquier participación grupal en las elecciones, aunque hay tipos avispados que han logrado vender a algún alcalde la moto de tener influencia en el manejo y acarreo de voto de esas nacionalidades.  No suele ser cierto. En cuanto a las comunidades de nativos de países sudamericanos, es verdad que culturalmente tienden a actuar de forma más colectiva, a veces comparten entre ellos y más allá del mero entorno familiar, a quien conviene o no votar. Pero tampoco parece que respondan a comportamientos colectivos unitarios.

 

En realidad, el trabajo electoral con extranjeros residentes se parece mucho al que se hace con residentes locales: hay que buscar el voto familia por familia, y a veces persona por persona.  

 

Y hay políticos de costa que se han venido currando esos votos ya desde hace tiempo. Pero también hay mucha leyenda: el actual alcalde de Arona apareció hace pocos días en un acto de la comunidad musulmana, en contrito recogimiento durante una celebración pública por el inicio del Ramadán. Y son conocidas sus extraordinarias relaciones con la floreciente comunidad china del Sur de Tenerife. José Julián Mena se ha prodigado desde hace años en mimar a dos de las comunidades no europeas con mayor presencia en su municipio, lo que ha servido para que se le acuse de intentar captar su voto. Es una acusación completamente ridícula: ni China ni ningún país con población mayoritariamente musulmana mantiene convenios de reciprocidad para que sus súbditos puedan votar en España.

 

Tampoco Venezuela, al contrario de lo que piensa –y dice- mucha gente… Por supuesto que hay venezolanos que votan, pero son sólo los que disponen de doble nacionalidad, y ejercen su derecho como cualquier otro ciudadano español.

 

El rechazo a la participación de residentes extranjeros en las elecciones locales es un atavismo sin sentido: abrir la participación política, la capacidad de elegir a los alcaldes a todas las personas que residen en un municipio, es un avance democrático, que responde a la lógica de integración de las sociedades modernas. Y aún queda por hacer en ese sentido.

 

Si a alguien le preocupa la influencia del voto de fuera en las elecciones, debería estar más atento al mercadeo de voluntades que nuestros políticos locales hacen en sus visitas a Cuba y Venezuela, a recoger voto para las elecciones regionales. Los residentes ausentes no pueden votar para elegir alcaldes ni presidentes de Cabildo, pero sí pueden hacerlo en elecciones regionales y legislativas. Lo cierto es que influyen poco en los resultados, pero en el Hierro o La Gomera, su voto –a veces bien canalizado por muñidores de encargo– sí puede llegar a significar un diputado de más o menos en ambas circunscripciones. Más que vigilar el inexistente voto chino o musulmán, convendría poner coto al compadreo caciquil y la compra de votos a los residentes ausentes.

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