Caso(s) por cerrar
Francisco Pomares
Ser investigado (antes imputado) y negarse a declarar ante el instructor de una causa es un derecho. Pero es también una estrategia procesal a la que suelen acogerse preferentemente quienes saben que no van a escapar del trullo. La gente con la conciencia tranquila –aunque se las vea ante un juez- suele acudir con ganas de contar su versión de la película, con el deseo de defender su inocencia y convencer a todo el mundo –al juez, al secretario judicial, al fiscal, al abogado de la acusación y al tipo que limpia las dependencias- de su absoluta inocencia. Por eso poca gente se sorprendió ayer de que el ex diputado Fuentes Curbelo, alias Tito Berni y su sobrino Taishet se pusieran de acuerdo en acogerse al derecho de no declarar ante la instructora del caso Mediador. Se limitaron, pues, a someterse a la prueba caligráfica solicitada por la jueza Lorenzo-Cáceres. Taishet se presentó en el juzgado a las nueve de la mañana y su tío una hora más tarde, y ambos tuvieron que soportar la improvisada escandalera que le montaron al entrar y salir del edificio (primero al uno, luego al otro) los funcionarios de Justica en huelga.
¿Por qué optaron por no decir ni pío? Supongo que por consejo de sus abogados. La primera intervención de los Fuentes ante la magistrada que lleva el caso, a finales del mes de febrero pasado, se saldó de forma tirando a catastrófica, con declaraciones que rozan la autoinculpación. Tito Berni llegó incluso a reconocer que una sociedad suya recibió ayudas europeas siendo él director general de Ganadería del Gobierno de Torres. Habría que preguntarse no sólo como pudo ocurrir eso sin que el asunto supusiera un escándalo, sino cómo es posible que se nombrara a un ganadero como director general de Ganadería. Es verdad que esta región es pequeña y que a veces no hay muchas opciones donde elegir, sobre todo cuando los partidos viven obsesionados con las cuotas insulares -en Fuerteventura son una tradición que roza lo sagrado-, pero sería razonable que alguien susceptible de poder beneficiarse de una ayuda europea no sea el encargado de avalar oficialmente que se le conceda. En un país trufado de normativas muy restrictivas para licitar y contratar con la Administración, y para la concesión de ayudas y subvenciones, que no exita una incompatibilidad legal específica sobre este particular, raya lo estúpido. Y si existiera tal incompatibilidad uno se pregunta que clase de clase de control se aplica hasta que a alguien le da por cantar La Traviata.
En las semanas inmediatamente anteriores a las elecciones regionales, tras estallar el caso Mediador la propaganda del Gobierno hoy en funciones nos vendió que tanto el PSOE como el Gobierno habían depurado inmediatamente responsabilidades, cesando a Taishet de su sinecura heredada (fue director general en sustitución de su tío director general cuando así lo decidió su tío) y obligando a Tito Berni a renunciar a su escaño. Esa versión, acompañada de golpes de pecho y declaraciones sobre el asco del PSOE y el Gobierno al conocer las andanzas sicotrópicas y sicalípticas de los Fuentes y Cía., se convirtió en la versión recurrente, al menos hasta que empezaron a sumarse nuevas implicaciones a uno de los casos de corrupción más cutres de los últimos años, equiparable a los excesos en gayumbos de Luis Roldán. Entonces vino el manto de silencio, y el ponerse de lado ante los infundios y mentiras del mediador Tacoronte.
Pero nadie –y menos que nadie el PSOE canario o el Gobierno de Canarias- se tomó la molestia de intentar averiguar lo que para el PSOE y el Gobierno debía haber sido primordial: el alcance del asunto en la Consejería de Agricultura, desde la que el muñidor cantarín desarrolló la mayor parte de su estrategia, provocando –se sabe ahora- el malestar e incluso las quejas de algún funcionario. La implicación en la causa de un alto directivo de Agricultua –el viceconsejero- y de una jefa de servicio, investigados por la juez por revelación de secretos y prevaricación, es apenas un indicio del posible alcance de una sistemática que no contaminó sólo al tito y su sobrino, a un general de la Guardia Civil y a un chafalmeja con ínfulas, labia y rápido manejo de la tecla de grabar en el móvil.
Los acontecimientos se suceden vertiginosamente, y los asuntos se consumen unos a otros. Pero esta legislatura ya acabada nos ha dejado dos casos por cerrar: uno es este caso del Mediador cantarín. El otro, el de las Mascarillas que alguien ordeno comprar y pagar sin existir. Espero que algún día se aclaren…
