Canal de delaciones
Francisco Pomares
Hay noticias que uno no sabe si partirse de risa con ellas o indignarse. Esta es una de ellas: el Gobierno de Canarias aprobó el jueves que sus funcionarios dispongan a la mayor brevedad de lo que se ha decidido calificar como ‘un canal interno confidencial’ para poder denunciar sin peligro ni miedo a represalias casos de corrupción en la Administración. El presidente Torres decidió ordenar en uno de los últimos consejos de su mandato en funciones la puesta en marcha de este canal interno de comunicación, a través de una orden cursada por el Consejo a la dirección general que en su Gobierno se responsabiliza de la modernización y la calidad de la gestión funcionarial.
Es verdad que la materialización de este canal para facilitar las denuncias de prácticas corruptas o irregularidades o tratos de favor no es una idea ex novo de Torres, fruto –por ejemplo- de una precipitada urgencia ante el hecho de que hayan sido recientísimamente imputados otros dos altos cargos del Gobierno –ambos de la Consejería de Agricultura- a cuenta del ‘caso Mediador’ y las aventuras del Tito Berni y su vivaracho sobrino Taishet. En realidad, la orden para poner en marcha el canal, es una consecuencia del cumplimiento de la ley nacional 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que fue aprobada por Las Cortes el pasado mes de febrero para dar cumplimiento (con atraso) a una directiva europea de 2019. La ley a la que responde la iniciática también con retraso del jueves, daba tres meses para que las empresas y el sector público creen o convirtieran en operativos canales y buzones para facilitar denuncias de sus empleados, y de los particulares que tengan conocimiento fehaciente de escándalos, trapisondas o corrupción administrativa. La información se podrá poner en conocimiento de la Administración de forma verbal o por escrito, y se garantizará (no se especifica cómo) la confidencialidad y la seguridad de quien se decida a informar de alguna golfada.
No es algo que un Gobierno salpicado por un caso de corrupción especialmente chiripitifláutico y cutre, como el ‘caso Mediador’ deba presentar como una gran aportación a la decencia política en el último minuto de su legislatura. Sobre todo, después de que se haya conocido que las irregularidades que se estaban produciendo en Agricultura –toda la trama relativa a la concesión de subvenciones y levantamiento de multas-, fue internamente denunciada por un funcionario, usando –como es preceptivo- los canales de la Consejería, sin que absolutamente nadie le hiciera repajolero caso.
El sistema de facilitar la delación haciendo que sea anónima no es un sistema exento de riesgos. Ya existe en otras áreas de la Administración, en relación con información fiscal sobre evasores de impuestos, y también hay canales específicos en materia de denuncias por abusos laborales. Quizá la novedad en esta ocasión es que lo que se presente no es facilitar la delación de comportamientos de grandes defraudadores fiscales o de empresarios que maltratan a su personal, hacen que trabaje más horas de las contratadas, o exigen más trabajo del que pagan. En esta ocasión no se trata de vigilar y denunciar a los malos, sino a los que nos administran, toman decisiones políticas, favorecen a unos en detrimento de otros, y cierran contratos con proveedores. Aún no se sabe en qué consistirá la protección a los que denuncian, pero abrir la veda a que se denuncien anónimamente licitaciones y adjudicaciones es un peligro real. Vamos a encontrarnos probablemente con denuncias de parte, de parte interesa y rechazada, en un país donde basta con señalar a cualquiera como posible implicado en una irregularidad cualquiera para que partidos, organizaciones y medios le conviertan automáticamente en un delincuente convicto y confeso. Abrir la veda a que se produzcan este tipo de situaciones puede encanallar aún más la vida política y contribuir al desprestigio de las administraciones. Por eso, cuando se desarrolle el formato de la delación constructiva, habrá que dejar muy claro que el anonimato (si al final se trata de un anonimato real) no puede servir de patente de corso.
La medida actual, en cualquier caso, parece pensada preparada justo para que pueda ser aplicarla a las decisiones del próximo Gobierno. No seamos mal pensados: es obvio que los informantes también podrán denunciar asuntos de pasadas administraciones. En España, el plazo de prescripción de los delitos administrativos dura siempre más que una entera legislatura.
