Cabeza de turco
Francisco Pomares
Este lunes pasado, el juez del caso mascarillas decretó secreto de sumario para evitar que continuara la diarrea de filtraciones sobre la causa que se ha producido desde el inicio de la instrucción. Tras la decisión del juez, adoptada justo un día antes de que el presidente Torres fuera citado a declarar para ampliar la información sobre este asunto ofrecida a la Justicia por su Gobierno, el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, único responsable político investigado por este caso, presentó ayer de forma oficial su dimisión. Lo hizo en una breve carta dirigida a su jefe inmediato, Blas Trujillo, consejero de Sanidad, en la que explica que abandona su cargo para poder mantener su derecho a la defensa sin perjudicar al Servicio Canario de Salud.
Siempre he pensado que Domínguez es un hombre decente, que –como el mismo sostiene- jamás pretendió ni enriquecerse ni enriquecer a nadie con esta penosa operación. Creo también que él está absolutamente convencido de haber actuado conforme a la legalidad –una legalidad específica de la pandemia y con normas y controles bastante más laxosde los que operan sin mediar situación de emergencia. La decisión de Domínguez de renunciar a su puesto le honra, más allá de la suerte que pueda correr en las próximas semanas y meses, porque se han evaporado cuatro millones de euros que va a ser muy difícil que sean recuperados: los vendedores y comisionistas que participaron en la operación no responden del dinero, como ha ocurrido en otros contratos de suministro parecidos, suscritos durante la pandemia, y en los que se han visto implicadas la mayor parte de las administraciones de todas las regiones, muchas veces con gran aparataje mediático y mucho fuego de artificio que luego quedó en nada. Como aquel caso del hermanísimo de la presidenta Ayuso, que alimento ruido y consumió tinta en grandes cantidades.
En Canarias fueron también unas cuantas las empresas que se lanzaron a por contratos de abastecimiento. No todas cumplieron: el fraude sobrevenido del caso mascarillas es la punta del iceberg de decenas de operaciones planteadas, de las que muchas no llegaron a fructificar porque no había dinero para adelantar. De hecho, esta concreta denuncia sobre la compra de mascarillas a RR7 United, una empresa sin experiencia alguna en la venta de material sanitario, es apenas una hijuela de la macrodenuncia presentada por el empresario Juan Manuel Pérez contra 23 adjudicaciones, por un importe total de 32 millones, que fueron realizadas por el Gobierno canario durante la pandemia. El asunto se ha saldado con una citación del Senado a Torres, a petición de los senadores Emilio Argueso y Ruth Goñi, que abandonaron Ciudadanos en 2021 para pasar al Grupo Mixto. Es probable que si la intervención de Torres en el Senado se produce, no conduzca a ningún lado, y se quede en ruido político. Pero lo que si tienes visos de avanzar es la causa de las mascarillas: el magistrado Javier García García-Sotoca, que se ocupa del caso, ampliará muy probablemente la investigación a otras personas, y es también posible que pida en los próximos días la toma de nuevas pruebas.
La cuestión clave que hay que preguntarse es porqué el ya dimitido Domínguez –una persona con años de servicio público acreditado- se avino a realizar una compra tan peligrosa. Cuando ocurrieron los hechos era solo coordinador técnico del Comité de Gestión de la Emergencia Sanitaria en Canarias. Carecía formalmente de cualquier capacidad de compra… Domínguez es un tipo leal, y estoy absolutamente convencido de que si actuó por encima de las que eran entonces sus competencias fue porque recibió esa instrucción de uno de sus jefes. Eso tampoco presupone voluntad de ilicitud alguna, porque la urgencia por disponer de epis era enorme. Pero alguien se lo pidió. Pudo ser el responsable del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera, el consejero accidental, Julio Pérez, o incluso el presidente Torres. Para entender lo que ocurrió después, cuando las mascarillas no llegaron y todo se embrolló en una cadena de decisiones erróneas, conviene aclarar quien dio primero la orden de comprar y porqué lo hizo.
Este no es un asunto que vaya a resolverse crucificando a Conrado Domínguez. Aunque estoy convencido de que más de uno habrá respirado hoy con alivio en el Gobierno, cuando se ha sabido su intención de dimitir.
