Bodegas y hoteles, el binomio de las incongruencias
Por Antonio Coll
Todo parece de “ciencia ficción” pero la realidad es que determinados hechos que ocurren tienen a una buena parte de los habitantes de la isla caóticamente confusa. Existen demasiadas incongruencias para digerir algunas noticias que cada día nos sorprende sobre temas que llevan años con los mismos latidos, sin que se ofrezcan soluciones definitivas. Recientemente, el diario Canarias 7 a través de su corresponsal, Carlos Inza, publica un informe jurídico del Consejo Insular de Aguas, donde curiosamente se expone que, a excepción de dos bodegas –Vega de Yuco y Stratvs-, todas las demás implantadas en el Paraje de La Geria, carecen de permisos para verter aguas residuales y su correspondiente tratamiento. También desvela que Bodegas Stratvs no necesita instalar una depuradora de aguas, por no rebasar los 40 metros cúbicos de líquidos que exige el Reglamento de Vertidos de Canarias, siendo solo necesario poseer un sistema de fosas sépticas, como así lo contempla Bodegas Stratvs. Se recuerda que la citada infraestructura bodeguera fue clausurada, judicialmente, por no contar con una depuradora. Vamos al grano: Si el informe es verídico, ¿no es una incongruencia que se le haya aplicado “medidas cautelares” para el cierre, cuando no incumple la Ley de Aguas de Canarias? ¿Hasta dónde llega la legitimidad judicial para dictaminar acciones que, a todas luces, está perjudicando a una empresa privada?
También dice el informe que todas las bodegas –a excepción de las dos citadas- incluidas viviendas particulares, están obligadas a tramitar los permisos correspondientes para realizar vertidos al dominio público hidráulico, pero que si bien, reconoce que deberían cerrarse, el jurista apela al interés general y propone no clausurar ninguna, basándose en el daño que se ocasionaría al sector vitivinícola y al mismo Paraje protegido de La Geria. Además el mismo Plan Especial ya contempla la implantación de las industrias bodegueras, así como el artículo 3 del Código Civil español, “que establece la ponderación de los antecedentes históricos, legislativos y la realidad social de cada momento”.
La segunda incongruencia
El segundo gran relato, es el referido al nuevo Plan General de Yaiza que, según todos los indicios, ha sido redactado para crear más conflictos, en la planta hotelera del municipio sureño. Cuando, por lógica inapelable, se esperaba que fuera un instrumento útil para regularizar los hoteles de Playa Blanca que llevan más de diez años abiertos al público, nos encontramos con la sensación que ha sido redactado para favorecer a unos y poner obstáculos a otros. El propio concejal de San Borondón, critica la política de la alcaldesa Gladys Acuña, al entender que “no se da seguridad jurídica a los que ya existen y, sin embargo, se permite la construcción de hasta siete nuevos hoteles en la localidad turística” ¿Es una perversión a la lógica? Para algunos expertos, el Plan no se sostiene técnica y jurídicamente. El planteamiento a todas luces subjetivo, contiene sombras que crea inquietud a parte del sector hotelero. Se percibe que está redactado con el objetivo de perjudicar, únicamente, a un empresario hotelero lanzaroteño, siguiendo las directrices de las partiditas políticas territoriales, practicadas hace años, cuando el PSOE gobernaba el Cabildo, con el PIL histórico. Es difícil encontrar otra justificación. Hay una macabra intencionalidad para intentar perjudicar a dos hoteles como el Son Bou y Princesa Yaiza, éste último el de mayor calidad, por ser uno de los propietarios, el conocido empresario Juan Francisco Rosa. Es posible, opinan algunos analistas de “opinión pública” que Gladys Acuña se haya mutado y quiera aparentar que es una autentica servidora pública y proteccionista del territorio, pero esa actitud se desvanece cuando permite licencia para siete hoteles más. Una retórica que no se sostiene y todo indica que su estrategia al arrimarse a determinadas “amistades peligrosas” puede causarle un efecto “boomerang”. Tiempo al tiempo.
