Avivar los pleitos insulares es desarticular Canarias
Por Antonio Coll
Ya en entregas anteriores expuse mis consideraciones críticas sobre los tejemanejes de algunos partidos: Podemos, Nueva Canarias y parte del Psoe, de proponer un radical cambio del sistema electoral canario que consistiría en un elector, un voto, en todas las islas. Es decir, primar a las islas de mayor población, eliminando el equilibrado sistema territorial y más en una comunidad fragmentada por islas. Sólo explorar este nuevo entorno, crea inquietud ante el temor de avivar, o mejor dicho, recrudecer de nuevo los “pleitos insulares”, que a todas luces, en esta nueva época, afectaría, de forma notable, al archipiélago canario, en todos los ámbitos y al deterioro de las relaciones entre islas. Lo que más fastidia es el argumento de los partidarios de modificar el sistema electoral, es que con la fórmula que ellos proponen, acabaría con el “insularismo”. Es un argumento cínico y persuasivo, porque ocultan los verdaderos intereses, que están encaminados en conseguir más presencia parlamentaria de las citadas formaciones políticas, si las islas más pobladas –Gran Canaria y Tenerife- pueden elegir 50 parlamentarios de los 60. Es decir, su modelo, un elector, un voto, dejaría a La Gomera y El Hierro sin representación. Lanzarote, bajaría de los actuales 8 parlamentarios a 4; Fuerteventura de 7 a 3 y La Palma de 8 a 2. Quedaría un parlamentario en el aire, sin definirse, porque los gomeros y los herreños solo obtendrían, respectivamente, 0,5.
Es indudable que con este reparto, las islas periféricas quedarían a expensas de las islas capitalinas “provinciales” que ya, de hecho, tienen bastante peso, en las decisiones parlamentarias y ejercen mucha presión para sus intereses. El actual sistema no es una “maravilla” pero ha conseguido cierto equilibrio, sobre todo a la hora del reparto de los presupuestos generales anuales y otras acciones gubernamentales. Si se toma al pie de la letra las propuestas de los “profetas impulsadores” se puede comprobar que la estrategia responde meramente a cálculos matemáticos que le puede otorgar, en un supuesto pacto tripartito, la gobernabilidad de Canarias, porque con el nuevo desequilibrado sistema electoral, se piensa que perjudicaría al nacionalismo que abandera Coalición Canaria. La formación Nueva Canaria, atrincherada en Gran Canaria, en el fondo, está defendiendo un nuevo “insularismo”, que se contradice con Podemos, uno de los promotores de la reforma electoral.
El propio ideólogo podemista, Juan Carlos Monedero, atacó, recientemente en Tenerife, el modelo insular, implantado en el sistema electoral, al considerarlo “desigual y desproporcionado”. Poco conocedor de la realidad canaria, sigue solo la consigna de que “a rio revuelto ganancias de pescadores”. Por ahora, cinco mandatarios de cabildos, incluido el de Tenerife, han suscrito un manifiesto, totalmente contrarios a la reforma electoral. La Palma, si bien, no firmó el escrito, se posiciona a favor del mismo. Sólo el Cabildo de Gran Canaria, dirigido por el nacionalista de Nueva Canarias, Antonio Morales, en un pacto con PSOE y Podemos, mantiene su criterio de la reforma, mirando solo su feudo grancanario. Sea como fuere, el debate está servido, que puede prolongarse en esta legislatura, si bien, no podemos olvidar que, en el Parlamento de Canarias, la suma de CC, PP y Casimiro Curbelo (La Gomera) otorga mayoría suficiente para impedir que se avive de nuevo pleitos insulares, amenazadores de desarticular las islas cuando, en los tiempos actuales globalizados, se necesita unión e instrumentos eficaces para que Canarias navegue con buen rumbo, para abrir nuevas y fecundas perspectivas, sin obstáculos impertinentes.
