Amnistía (sí) y referéndum (no)
Francisco Pomares
Hace apenas una semana, tres días antes de que se contaran los votos y se asumiera el vértigo de una legislatura chiflada y probablemente muy corta, Pedro Sánchez lanzó una de esas frases que han jalonado su tendencia a los cambios de opinión. El presidente dijo que los independentistas le habían pedido durante los últimos años “amnistía y referéndum”, y que “no han tenido ni tendrán” ni la una ni el otro.
Bueno, eso es exactamente lo que creemos y queremos millones de españoles. Que no haya amnistía, porque la cancelación política de los delitos es inadmisible en democracia. Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, fue el primero en decir tras las elecciones que Junts se abstendría en la investidura si Sánchez se compromete a una amnistía “para los más de 4.000 encausados por el procés”. Esa amnistía debería anular los antecedentes penales por las actividades ilegales realizadas en la organización del referéndum, cancelando cualquier delito como si no se hubiera producido, lo que permitiría -entre otras cosas- que Puigdemont regresara a Cataluña evitando ser detenido.
Tampoco queremos la mayor parte de los ciudadanos que se produzca un referéndum de autodeterminación, que supondría la desaparición del país que conocemos. La existencia del Estado es anterior incluso a la propia Constitución, que regula el orden político fundamental, pero no crea España. España existe como estado moderno desde 1812 y como unidad de distintos territorios desde los Reyes Católicos y Carlos I.
Además, la autodeterminación de provincias o regiones del Estado no es reconocida como una opción constitucional. De hecho, que un territorio se separe de la nación a la que pertenece está expresamente prohibido en la mayor parte de las constituciones occidentales, e incluso se considera delictivo el mero intento de que partidos, instituciones o personas, planteen la secesión. Entre las constituciones del mundo occidental sólo existe una excepción, la del minúsculo principado de Liechtenstein, construido sobre la base de once comunas municipales. Liechtenstein es un microestado con los mismos habitantes que la Orotava (38.500), uno de las seis exóticas mininaciones que aún existen en Europa, pero con características bastante peculiares: no sólo se trata de un paraíso fiscal, en el que el impuesto estatal de la renta tiene un tipo común para todos los ciudadanos, del 1,2 por ciento. El Principado tuvo que abandonar la Unión Europea en 2011, por tener sus leyes un encaje difícil en la legislación comunitaria. Por ejemplo, las mujeres pueden votar en las elecciones legislativas, pero no en las locales. Y su monarca constitucional -el príncipe Juan Adán II- no reside en el país. Decidió en 2003 irse a vivir a Viena, una ciudad bastante más animada que Vaduz, y cuando el Gobierno se lo reprochó, forzó un referéndum para que el país eligiera entre convertirse en república o dejar vivir a su Jefe de Estado donde a él le viniera en gana. Ganó el referéndum.
Tampoco fuera del mundo occidental es frecuente que las constituciones incorporen el derecho a la autodeterminación de sus territorios. Sólo lo hacen las constituciones de dos países: Etiopía, con una carta magna aprobada en 1994 tras la primera guerra de Eritrea, y que no evitó la segunda, en la que murieron cerca de 200.000 personas y acabaría con la independencia de Eritrea y la militarización de las fronteras comunes con más de cien mil hombres a cada lado. Y también, por motivos más razonables, el microestado caribeño de San Cristóbal y Nieves, una federación de dos islas, que constituye hoy la nación más pequeña del continente americano. Esas dos islas, cuya población desciende de esclavos africanos, están separadas por un estrecho de apenas tres kilómetros. En 1998 la mayoría de los pobladores de Nieves votó por romper la Federación con San Cristobal, pero no alcanzó las cifras establecidas por la Constitución, y la Federación continúa existiendo.
Es curioso que en los últimos días, el rechazo de Sánchez y el PSOE al referéndum se mantenga, pero el de la amnistía haya hibernado. No es de extrañar: ya se concedió aquél indulto que nunca llegaría y que sacó de la cárcel a los encausados por la intentona secesionista de octubre de 2017. Después se modificó el Código Penal para reducir las penas por el delito de malversación. Y se eliminó el delito de sedición, además de transferir las competencias penitenciarias al País Vasco, lo que permitió excarcelar hasta a 32 etarras. Lo que viene es un compromiso por la amnistía (que no se llamara así). Lo que está pasando en este país sólo se entiende desde la inagotable ambición de mantenerse en el poder.
