La Comisión de Mercado pone en duda la futura Ley de Vivienda Vacacional
Consideran que de aplicarse la actividad prácticamente desaparecerá y pasará la mayoría a los grandes explotadores
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha hecho público un contundente y demoledor Informe sobre la Ley de Vivienda Vacacional obra de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, que actualmente tramita el Parlamento de Canarias por la vía de urgencia.
Según la CNMC las restrictivas medidas que impone el Proyecto de Ley van a generar un efecto inmediato (ya denunciado por ASCAV hace meses): la actividad de la vivienda vacacional va a ser residual en Canarias “lo que podría generar graves consecuencias en la competencia de los servicios turísticos de Canarias”.
La CNMC pone el énfasis en que la norma va a castigar especialmente a los pequeños propietarios de viviendas vacacionales del archipiélago (como igualmente viene denunciando ASCAV desde el inicio). Así, el organismo concluye que “muchas viviendas actualmente destinadas a uso vacacional podrían quedar fuera del mercado y será complicado que las VUT de particulares y de pequeños tenedores de viviendas puedan instalarse” . En este sentido, es demoledora la afirmación de la CNMC que indica que “Se esperaría, por tanto, una sustitución en el futuro de VUT de pequeños propietarios por unas VUT de propietarios “profesionales” o por otros establecimientos hoteleros o extrahoteleros, aspecto que parece incentivar el propio APL con las medidas propuestas en las disposiciones transitorias cuarta y quinta.”
Además de lo anterior, como ya señaló ASCAV, el Proyecto de Ley incluye medidas desproporcionadas que no se justifican. Así lo confirma la CNMC que considera que no se justifica en el Proyecto de Ley las reservas del 90%-10% (80%-20% para las Islas Verdes) respecto a la reserva de uso residencial por cuanto deben ser los municipios quienes habría de justificar el porcentaje más adecuado para su ámbito territorial. En definitiva, como ya puso de manifiesto la Asociación, el Proyecto de Ley incluye un “café para todos” que dista mucho del criterio establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de septiembre de 2020, en el caso Cali Apartments, cuando dispuso que las limitaciones al ejercicio de esta actividad han de ser claras, objetivas, proporcionadas, necesarias y debidamente justificadas en cada caso.
Finalmente, la CNMC entiende que otras muchas previsiones del Proyecto de Ley “limita[n] de manera considerable la oferta potencial de VUT y desvirtúa nuevamente su naturaleza” (como por ejemplo la antigüedad mínima de 10 años para que una construcción se pueda dedicar al alquiler vacacional); la limitación de la capacidad alojativa de las VUT, prohibición de las VUT en asentamientos agrícolas, etc.
Destaca el organismo que el objetivo de algunas de las medidas es claro: provocar la “desaparición en un corto período de tiempo” de las viviendas vacacionales existentes al prohibir expresamente la transmisión de la vivienda vacacional en caso de fallecimiento del titular, impidiendo que sus herederos puedan continuar con el ejercicio de la misma.
La CNMC insiste en que incluso los incentivos para ampliar la oferta de alquiler de larga duración son desproporcionados y muy restrictivos, por lo que sería recomendable flexibilizar los requisitos.
En definitiva, un nuevo informe, junto a los múltiples a los que ya ha tenido acceso la Consejería de Turismo que desacredita el Proyecto de Ley; y pese a todos ellos, la Consejería de Turismo ha continuado adelante con su proyecto de Ley anti vivienda vacacional, confirmándose, como ya ha repetido reiteradamente ASCAV que el objetivo es eliminar paulatina pero inexorablemente las viviendas vacacionales de Canarias y, fundamentalmente, despojando al 90% de los titulares de aquellas que son pequeño propietarios, de la posibilidad de ganarse la vida con el turismo.
