Fernando Clavijo, o el tiro por la culata
Al final, si hubo algún intento de influir en el proceso electoral en torno a todo el asunto de las imputaciones de Fernando Clavijo, el candidato de CC al Gobierno de Canarias, les salió el tiro por la culata. Eso suele ocurrir cuando hay “mala milk”, que al final se da la vuelta a la tortilla y hasta se puede producir el efecto boomerang. No sabemos si eso es lo que podría haberle ocurrido al candidato nacionalista, pero el caso es que después de verse sometido a cuatro imputaciones, al final ha sido desimputado de todo y ahora se demuestra que siempre estuvo limpio y que concurre a las lecciones sin la sombra de sospecha que durante muchos meses se cernió sobre él y lo mantuvo intranquilo hasta que todo este follón se ha clarificado. Lo decimos porque por lo que se deduce de las últimas encuestas publicadas, Clavijo es el aspirante a presidir el Gobierno canario más valorado por los ciudadanos. La población ahora puede ver hasta con simpatía a un candidato que además no le faltó un segundo para salir ante la opinión pública cuando le imputaron para demostrar su inocencia. Si pretendían desprestigiar y hacer daño al candidato nacionalista, no sólo no lo han conseguido, sino todo lo contrario. Porque no sólo ha salido indemne sino incluso reforzado. Hay que tener mucho cuidado, porque se juega con la imagen y dignidad de las personas, y al final, como es el caso, resultar inocentes. ¿Qué hubiera ocurrido si las desimputaciones hubieran llegado después de las elecciones? El candidato hubiera ido jugado en clara desventaja en la batalla electoral para después demostrarse que no había nada. Y eso le puede ocurrir a cualquier candidato de cualquier partido.
Cuidado con judicializar la política
Es cierto que, como en todo, también en esto hay que aplicar el sentido común y por supuesto que se debe valorar el calado de los delitos que se investigan, porque no todas las imputaciones son iguales ni el grado de gravedad de las mismas. Pero siempre hemos defendido desde Lancelot Medios que hay que tener muchísimo cuidado en torno a este asunto de las imputaciones, y mucho más en épocas electorales pues se corre el riesgo de judicializar la política y tratar de influir en el derecho legítimo que tienen los ciudadanos de elegir sobre la idoneidad de un candidato para gobernar. El juicio “judicial” lo decide la justicia, y el juicio “electoral” lo debe decidir la población. En realidad un imputado es un investigado (tal como recoge ya el nuevo lenguaje jurídico mucho más acertadamente), de forma que ni siquiera es un acusado y muchísimo menos un condenado. Es una obviedad, pero no por ello debe dejar de ser explicado una y otra vez ante la opinión pública, acostumbrada ya a la contaminación mediática y al ruido de la desinformación que muchas veces busca manipular el sentido del voto sobre premisas ambiguas, cuando no directamente falsas. No hay que olvidar que el sistema judicial ya tiene sus propias herramientas para apartar de los procesos electorales a quien no puede hacerlo, imponiendo penas de prisión y despojándole del derecho a sufragio, tanto activo como pasivo. En general los juicios morales habrá que dejárselos a los electores que serán quienes “enjuiciarán” a los candidatos, dándole su apoyo o quitándoselo en las urnas, de forma democrática.
